Once policías implicados en muertes de La Barranquita permanecen en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago

Santiago.- Los once agentes de la Policía Nacional arrestados por su presunta vinculación con la muerte de cinco hombres en un hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, permanecen en la carcelita del Palacio de Justicia de esta ciudad, a la espera de que se definan las medidas judiciales en su contra.

Los oficiales y alistados detenidos son el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrían Miguel Villalona Pineda, adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos.

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También guardan prisión el mayor Hansel M. Cuevas Carrasco, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, el cabo César Augusto Martínez Trinidad y el raso José Octavio Jiménez Peña, pertenecientes a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central.

Los agentes son señalados en relación con la muerte de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias “Charly” o “Charli Chasc”), José Vladimir Valerio Estévez (barbero), Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes fallecieron en lo que la Policía describió inicialmente como un “intercambio de disparos” con una supuesta red criminal.

No obstante, familiares de las víctimas, especialmente del joven barbero Valerio Estévez, niegan esa versión y denuncian que se trató de una ejecución múltiple, por lo que demandan una investigación independiente y sanciones ejemplares.

Las detenciones forman parte de la investigación dirigida por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, bajo instrucciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

El caso mantiene en vilo a la ciudadanía de Santiago, que exige claridad en el proceso judicial y cuestiona si la actuación policial cumplió con los protocolos legales establecidos.