Jet Set operaba sin permisos de cuatro instituciones estatales desde hace décadas
La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos, ha sacado a la luz graves irregularidades en su funcionamiento. Según datos recabados por el Ministerio Público, el establecimiento operaba sin los permisos necesarios de cuatro instituciones clave: el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
De acuerdo con la investigación, el único permiso oficial vinculado a la estructura corresponde a una autorización de construcción otorgada en 1970 para el cine El Portal, ubicado en el kilómetro 6 de la avenida Independencia, cuando se levantó el inmueble originalmente. Desde entonces, no existe registro de autorizaciones para remodelaciones, cambios en el uso del suelo o certificaciones ambientales que permitieran la operación legal del Jet Set como centro de entretenimiento.
Las pesquisas establecen que el local funcionaba al margen de la ley, sin contar con el permiso de uso de suelo expedido por el ADN ni con la aprobación estructural que corresponde otorgar al MIVED. Además, carecía del estudio de impacto ambiental requerido para edificaciones de uso masivo por el Ministerio de Medio Ambiente.
El antiguo cine El Portal fue adquirido en 1994 por los actuales propietarios del Jet Set, cuando ya el inmueble se encontraba cerrado. Aunque la discoteca fue fundada en 1973 por Grecia López, madre de Antonio Espaillat, inicialmente operaba en otro local frente a la Clínica Independencia, y posteriormente se trasladó a la estructura del cine, la cual nunca fue regularizada para su nuevo uso.
Durante casi tres décadas, el Jet Set funcionó sin cumplir con las normas técnicas ni los permisos que garantizan la seguridad estructural y ambiental, lo que constituye una grave vulneración a las regulaciones vigentes diseñadas para proteger la vida y la integridad de los usuarios.
El derrumbe de la madrugada del 8 de abril expuso las consecuencias de esta negligencia histórica.
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