Pablo Ulloa cuestiona debate sobre enseñanza del creole y pide priorizar calidad educativa

Redacción De Último Minuto
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Pablo Ulloa cuestiona debate sobre enseñanza del creole y pide priorizar calidad educativa

Dajabón.– El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, cuestionó el debate en torno a la enseñanza del creole en escuelas comunitarias de la República Dominicana y consideró que los esfuerzos nacionales deben concentrarse en mejorar la calidad de la educación y sus resultados.

Durante una visita a la provincia de Dajabón, Ulloa recordó que el artículo 29 de la Constitución dominicana establece el español como idioma oficial de la República Dominicana, al tiempo que señaló que los asuntos relacionados con la educación deben manejarse a través del Ministerio de Educación y conforme al marco legal vigente.

“Nuestra Constitución, en su artículo 29, dice claramente que el español es nuestro idioma oficial. Todo elemento relacionado con la educación tiene que ser a través del Ministerio de Educación y para eso tiene la Ley 66-97”, expresó.

El funcionario sostuvo que la discusión pública debería enfocarse principalmente en los desafíos que enfrenta el sistema educativo dominicano, particularmente en lo relacionado con la calidad de la enseñanza y los resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones.

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“Nosotros deberíamos estar debatiendo la calidad de la educación y los resultados de la evaluación PISA y no estar inventando relacionado con el tema de los idiomas”, manifestó Ulloa.

Asimismo, vinculó su posición con la identidad nacional y la soberanía, destacando la importancia que tiene el español como lengua oficial del país.

Destaca labor de orientación sobre el nuevo Código Penal

Durante sus declaraciones, el defensor del Pueblo también abordó las jornadas que desarrolla la institución para acercar a la ciudadanía el contenido del nuevo Código Penal dominicano.

Ulloa explicó que el propósito de estas actividades es presentar las disposiciones legales de una manera comprensible para la población, de forma que los ciudadanos puedan conocer sus implicaciones y entender cómo pueden contribuir a una mejor convivencia social.

Según indicó, las jornadas no están dirigidas exclusivamente a profesionales y operadores del sistema de justicia, sino también a juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y ciudadanos en general.

El defensor del Pueblo aseguró sentirse satisfecho con la respuesta obtenida durante este proceso de orientación y afirmó que una encuesta refleja un 73 % de valoración positiva en torno al Código Penal.

Destacó, además, que la institución que dirige ha asumido una labor de “pedagogía social”, recorriendo diferentes provincias para explicar tanto los artículos de la nueva legislación como otros instrumentos jurídicos vinculados con distintas conductas penales.

Ulloa consideró que lograr que las organizaciones comunitarias conozcan las nuevas disposiciones constituye “un paso de avance”, aunque reconoció que será necesario continuar trabajando e involucrar a otras instituciones.

También agradeció a los medios de comunicación de las distintas provincias por contribuir con la difusión y orientación sobre el contenido de la legislación penal.

Preocupación por delincuencia en Dajabón

Otro de los temas abordados fue la preocupación manifestada por distintos sectores sobre hechos delictivos registrados en Dajabón.

Ulloa señaló que durante una visita a la Cámara de Comercio de la provincia recibió planteamientos relacionados con la delincuencia y recordó que desde la Defensoría del Pueblo se ha insistido en la necesidad de que las dotaciones policiales dispongan de logística y capacidad operativa suficientes para responder a las necesidades de seguridad de la población.

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Las declaraciones se producen después de que autoridades del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional visitaran la provincia, en medio de inquietudes expresadas por representantes de distintos sectores sobre la situación de seguridad.

Con sus planteamientos, Ulloa puso sobre la mesa tres asuntos de interés para la provincia fronteriza: la educación, el conocimiento ciudadano del Código Penal y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

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