Papelería de lujo, cortinas elegantes… y cero auditorías

Santo Domingo. Mientras miles de dominicanos enfrentan precariedades en salud, educación y servicios básicos, el Senado de la República Dominicana gasta millones de pesos en papelería de lujo, cortinas elegantes y meriendas navideñas fuera de temporada, sin rendir cuentas claras desde hace más de una década.

Aunque el Senado administra un presupuesto que supera los RD$2,500 millones en 2025, no ha sido auditado por la Cámara de Cuentas desde 2014. Y lo que debería ser una institución al servicio de la ciudadanía, se comporta como una oficina exclusiva con privilegios difíciles de justificar.

Entre enero y marzo de este año, se realizaron 547 compras directas, por un valor superior a los RD$30 millones. Todo sin licitación, sin comparaciones de precios, y con escasa transparencia.

Los detalles indignan:

• Una oficina senatorial adjudicó más de 256 mil pesos en sobres y folders con pan de oro.
• Se confeccionaron cortinas de más de RD$114 mil cada una para el Salón de la Asamblea.
• En enero se gastó medio millón de pesos en “compartir navideño” ya pasada la Navidad.
• Se compraron sillones ejecutivos por RD$177 mil, y se pagaron flores naturales como centros de mesa por más de RD$21 mil.

Y mientras tanto, no se sabe cuántos vehículos tiene el Senado, pero sí cuánto cuestan sus reparaciones: hasta RD$237 mil por arreglos de una sola Land Cruiser.

La nómina también sorprende: más de 2,200 empleados fijos para 34 senadores, con RD$93 millones mensuales en salarios. Algunos nombres sugieren posibles vínculos familiares, y hay decenas de “asesores” sin funciones claras.

Frente a esto, surgen preguntas legítimas:
¿Quién aprueba estos gastos? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién decide que una hoja timbrada debe costar RD$44? ¿Por qué seguimos pagando un Senado que no rinde cuentas?

Cada peso malgastado no es solo una cifra en un documento público. Es una escuela sin pupitres, un hospital sin insumos, una calle sin reparar.

En una democracia, los privilegios sin transparencia no son derechos: son abusos. Y cuando el poder público olvida a quién sirve, es la ciudadanía la que debe exigir explicaciones.