PGR investiga a Antonio Espaillat por intento de transferencia de sus bienes tras tragedia en Jet Set

Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República (PGR) habría tomado medidas tras recibir informaciones de que el empresario Antonio Espaillat López estaría intentando transferir bienes a su nombre, en lo que el órgano acusador habría interpretado como una maniobra para evadir responsabilidades frente a las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.

Según fuentes del Ministerio Público, la Dirección de Persecución, encabezada por Wilson Gómez, habría activado diligencias procesales contra las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, además de investigar otras propiedades vinculadas a Espaillat. Estas acciones forman parte de una investigación iniciada tras la tragedia ocurrida el pasado martes 8 de abril, cuando el techo de concreto de la emblemática discoteca se desplomó, provocando la muerte de 232 personas y dejando más de 180 heridos, incluyendo al reconocido merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el lugar.

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Entre las acciones tomadas, el Ministerio Público habría interpuesto oposiciones a posibles traspasos de bienes en curso, con el fin de garantizar la protección de los derechos de las víctimas y evitar una posible ocultación de patrimonio que impida futuras indemnizaciones.

Aunque Antonio Espaillat ha asegurado públicamente que se encuentra a disposición de las autoridades y que sus empresas colaborarán con la investigación, el Ministerio Público habría iniciado una exhaustiva revisión de los documentos corporativos, así como de las licencias, seguros, condiciones estructurales del establecimiento y el cumplimiento de las normativas legales requeridas para la operación de un centro de diversión.

La tragedia ha generado gran conmoción a nivel nacional e internacional y ha puesto bajo escrutinio la seguridad en locales de entretenimiento, así como la responsabilidad de sus propietarios.

La Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, en su artículo 169, establece que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.