Juristas plantean que la lucha contra la delincuencia debe respetar protocolos y controles institucionales

La necesidad de fortalecer los protocolos de actuación policial, garantizar investigaciones sustentadas en evidencias y establecer mecanismos efectivos de control institucional centró un debate académico sobre delincuencia y seguridad ciudadana celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad fue organizada por la Asociación de Profesores de Ciencias Jurídicas y Políticas (ASOPROJURyPO), como parte del primer encuentro de su Línea de Debates Académicos sobre Criminalidad, Política Criminal y Sistema Penitenciario, dedicado al tema “Delincuencia, actuación policial y Estado de Derecho”.

El foro se desarrolló en el Salón de Profesores de Nueva Universidad (NU), de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con la participación de juristas, académicos, estudiantes y representantes de medios de comunicación.

La discusión giró en torno a si el Estado puede combatir eficazmente la delincuencia sin sobrepasar los límites constitucionales del uso de la fuerza ni sustituir el proceso penal por ejecuciones de hecho.

Actuación policial y protocolos

Durante el encuentro, los juristas Carlos Mesa, José Manuel Mesa y Manuel de Aza coincidieron en que el combate contra la criminalidad debe desarrollarse dentro de las garantías establecidas por el Estado de derecho.

Carlos Mesa centró su intervención en la necesidad de cumplir estrictamente los protocolos policiales y garantizar que el uso de la fuerza esté sujeto a reglas claras, supervisión y mecanismos de rendición de cuentas.

El jurista sostuvo que la preservación de evidencias y el respeto a los procedimientos legales son elementos fundamentales para que las autoridades puedan responder eficazmente frente al delito sin vulnerar los límites jurídicos de su actuación.

Por su parte, José Manuel Mesa abordó casos concretos que, según explicó, reflejan actuaciones policiales deficientes o cuestionables.

Durante su exposición, destacó la importancia de investigar objetivamente cada muerte o intervención controvertida, mediante evidencias verificables y sin asumir como definitiva la versión inicial de los hechos.

El especialista también advirtió sobre la necesidad de evitar que se normalicen prácticas incompatibles con el debido proceso.

Actuación policial y sociedad

El jurista Manuel de Aza analizó la problemática desde una perspectiva antropológica y estructural, incorporando estadísticas y cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones estatales.

Su planteamiento destacó que la delincuencia, la violencia y la respuesta policial no deben examinarse exclusivamente como hechos aislados, sino también en relación con las condiciones sociales, el desempeño institucional y la confianza de la ciudadanía.

Los participantes coincidieron en que la efectividad de las políticas de seguridad no debe evaluarse únicamente a partir de la reducción de los indicadores delictivos, sino también considerando los procedimientos utilizados para alcanzar esos resultados.

En ese sentido, señalaron la importancia de garantizar investigaciones independientes, fortalecer la formación de los agentes y mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los tribunales.

Asimismo, subrayaron que la obligación del Estado de enfrentar la delincuencia debe ejercerse respetando la vida, la presunción de inocencia, el debido proceso y los límites legales del uso de la fuerza.

Cifras de violencia

Como parte del debate, los participantes examinaron estadísticas recientes relacionadas con los homicidios y las actuaciones policiales en República Dominicana.

Según los datos presentados, la Policía Nacional informó una tasa acumulada de homicidios de 7.36 por cada 100,000 habitantes al 25 de septiembre de 2026.

Asimismo, informaciones publicadas por Diario Libre, basadas en estadísticas policiales, señalaron que durante septiembre se registraron 55 muertes en presuntos intercambios de disparos.

Los especialistas advirtieron que ambas cifras deben analizarse conjuntamente y que, por sí solas, no permiten establecer una relación causal entre la reducción de homicidios y la letalidad policial.