Santo Domingo.- El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, solicitó una investigación sobre las condiciones de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de República Dominicana, con el propósito de determinar si se están respetando plenamente sus derechos penitenciarios y garantías fundamentales.
Romero manifestó preocupación por denuncias y situaciones que, según señaló, podrían afectar la dignidad y los derechos de los internos, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes realicen una evaluación objetiva y exhaustiva de las condiciones en los centros de reclusión.
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Derechos penitenciarios
El legislador hizo referencia al artículo 120 del nuevo Código Penal, relativo a las sanciones aplicables a autoridades públicas que cometan tortura o actos de barbarie.
El texto vigente establece penas de 20 a 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público para la persona depositaria de autoridad pública o encargada de un servicio público que incurra en esas conductas.
A partir de esta disposición, Romero sostuvo que la privación de libertad debe ejecutarse dentro del marco de la ley y con respeto a la dignidad humana.
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El senador planteó que la investigación sobre los derechos penitenciarios debe abarcar tanto las condiciones físicas de los centros como los protocolos utilizados por el personal responsable de la custodia de los internos.
Asimismo, pidió evaluar los mecanismos disponibles para recibir, investigar y responder a las denuncias relacionadas con las condiciones de las personas privadas de libertad.
Investigación y transparencia
Romero consideró necesario que los resultados de cualquier investigación sean divulgados de manera transparente y que, en caso de comprobarse irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes y se adopten medidas para evitar que se repitan.
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El legislador reiteró su llamado a las autoridades responsables del sistema penitenciario para fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar el respeto de los derechos penitenciarios, la legalidad y la dignidad de las personas privadas de libertad.
