Santo Domingo.- Dirigentes políticos y figuras vinculadas al sistema electoral dominicano defendieron este miércoles la permanencia de los partidos minoritarios y abordaron el financiamiento público que reciben, en momentos en que el Tribunal Superior Electoral (TSE) conoce una demanda que podría incidir en la personería jurídica de 33 partidos y movimientos que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024.
Las declaraciones se producen luego de que el TSE cerrara los debates sobre la demanda en nulidad de personería jurídica interpuesta por Proyecto Visión Nación (PVN) y José Cristopher Ramírez contra las 33 organizaciones políticas. La alta corte concedió a las partes un plazo común de 10 días para depositar sus escritos justificativos y dispuso que, una vez vencido, el expediente quede en estado de fallo reservado.
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El presidente de Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, cuestionó que se atribuyan a las organizaciones minoritarias los problemas que enfrenta el sistema político dominicano y destacó el papel histórico de las alianzas electorales.
Castillo sostuvo que, desde hace décadas, los gobiernos dominicanos han dependido de alianzas abiertas o indirectas para alcanzar el poder, por lo que consideró que los partidos pequeños forman parte de la dinámica política y han contribuido a la estabilidad del sistema.
“Hay una cultura de alianzas”, afirmó Castillo, quien señaló que los problemas que observa en el sistema político no tienen su origen en las organizaciones minoritarias.
La FNP figura entre las 33 organizaciones puestas en causa. También aparecen Alianza País, Opción Democrática, Justicia Social, Primero la Gente, Frente Amplio, Partido Humanista Dominicano y Camino Nuevo, además de diversos movimientos políticos municipales.

En términos similares se pronunció el senador Antonio Marte, presidente del partido Primero la Gente, quien rechazó que el porcentaje de votos sea considerado de manera aislada para determinar la permanencia de una organización política.
Marte planteó que existen partidos que, aunque no hayan alcanzado determinado porcentaje a nivel nacional, consiguieron representación mediante cargos electivos.
“¿Cómo tú eliminas un partido que haya sacado senadores, regidores, vicealcaldesas y síndicos?”, cuestionó el legislador, quien consideró desacertado eliminar de manera generalizada a organizaciones que mantienen representación electoral.
El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, también defendió la existencia de los partidos minoritarios, al considerar que representan distintas expresiones dentro de una democracia plural.
“Desproveer al electorado dominicano y al pensamiento dominicano de esa expresión de partidos políticos, eso es contra la democracia”, manifestó.
Castaños Guzmán consideró que la fortaleza de una organización no debe medirse exclusivamente por el porcentaje electoral alcanzado, sino también por su estructura, pensamiento, capacidad de establecer alianzas y representación de sectores minoritarios.

Partidos minoritarios y recursos
La exvicepresidenta Margarita Cedeño planteó, por su parte, la necesidad de encontrar un equilibrio entre pluralidad política, fortalecimiento institucional y manejo de los recursos públicos.
Cedeño señaló que el proceso abre una discusión sobre la organización del sistema político dominicano y el cumplimiento de las funciones de las organizaciones partidarias.
“Los partidos políticos son el tejido, la base, el pilar de nuestra democracia”, expresó, aunque agregó que debe buscarse un equilibrio tomando en consideración también la necesidad de economía presupuestaria.
La controversia se originó con la demanda de PVN y Ramírez, quienes solicitan al TSE ordenar a la JCE la aplicación estricta del artículo 75 de la Ley 33-18 respecto de las organizaciones que no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido.
La JCE, por su parte, pidió excluir a PVN del proceso al argumentar que carece de personería jurídica reconocida y, a su juicio, de legitimación procesal activa.
El proceso también tiene implicaciones sobre el financiamiento público. La JCE cuenta con la Resolución 01-2026, que establece los montos y la distribución de la contribución económica estatal destinada a partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante este año.
El TSE deberá decidir sobre la demanda una vez concluya el plazo concedido a las partes para presentar sus escritos justificativos. Hasta entonces, no existe una decisión definitiva de la alta corte sobre la personería jurídica de las 33 organizaciones.



