Félix Portes advierte que el nuevo Código Penal podría agravar el hacinamiento en las cárceles dominicanas

El abogado Félix Portes advirtió que la aplicación del nuevo Código Penal dominicano, establecido mediante la Ley 74-25, podría agravar el hacinamiento en las cárceles del país, debido a la incorporación de nuevos tipos penales y al aumento de las sanciones, sin que, a su juicio, se hayan previsto suficientes recursos para fortalecer el sistema penitenciario y las instituciones judiciales.

Portes consideró que las autoridades debieron acompañar la reforma penal con una planificación que contemplara más centros penitenciarios, personal para el Poder Judicial y fiscales que puedan atender los nuevos casos.

El jurista sostuvo que la situación actual de las cárceles podría empeorar si no se adoptan medidas para responder a las exigencias que plantea la nueva legislación.

«La opinión que merece es que eso es poco con lo que va a venir«, expresó al referirse a las condiciones del sistema penitenciario.

Cuestiona planificación

El abogado señaló que el nuevo Código Penal incorpora más tipos penales y contempla la acumulación de penas, elementos que, según su análisis, podrían aumentar la presión sobre el sistema carcelario.

Afirmó que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo no tomaron suficientemente en cuenta la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de administrar justicia. «Tenemos las cárceles, como bien tú dices, están llenas, llenas, llenas de personas privadas de libertad y ahora un código todavía más fuerte«, manifestó.

Portes consideró necesario aumentar los recursos humanos del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como fortalecer la infraestructura penitenciaria. También mencionó la importancia de dotar al Ministerio de Justicia de los recursos necesarios para atender las responsabilidades vinculadas con el sistema carcelario.

Pide cárceles dignas

El jurista sostuvo que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas a las personas privadas de libertad, independientemente de las sanciones que enfrenten.

Entre los derechos que destacó figuran el acceso a la salud, la alimentación y la educación.

Portes recordó que la privación de libertad también debe permitir la rehabilitación de los internos para facilitar su reintegración a la sociedad.

Según explicó, el objetivo es que las personas que cumplen una condena puedan prepararse para convertirse en ciudadanos productivos una vez recuperen su libertad. En ese sentido, instó a los legisladores y al Poder Ejecutivo a prestar atención a las necesidades del sistema penitenciario.

Cuestiona prisión preventiva

Al abordar el uso de la prisión preventiva, Félix Portes sostuvo que esta medida no debe aplicarse de manera generalizada, sino en función de las circunstancias particulares de cada proceso judicial.

El abogado cuestionó lo que describió como un criterio uniforme del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva en determinados tipos de casos.

«El problema está en el Ministerio Público, que el Ministerio Público tiene un estándar de en qué casos solicitar prisión preventiva y ese estándar se le impone a cualquier Ministerio Público que piense diferente», afirmó.

De acuerdo con Portes, corresponde a los jueces analizar la gravedad del hecho y determinar si la libertad del imputado representaría un peligro para la sociedad o para la víctima.

Portes plantea alternativas

El abogado reconoció que existen procesos judiciales en los que resulta necesaria la prisión preventiva, pero consideró que otros pueden manejarse mediante medidas de coerción menos restrictivas.

Entre las alternativas mencionó la garantía económica y la combinación de medidas contempladas en el Código Procesal Penal. «Porque no a todos se le puede dar prisión preventiva«, expresó.

Portes insistió en que los tribunales deben valorar las particularidades de cada expediente antes de decidir si una persona debe permanecer recluida durante el proceso.

Asimismo, cuestionó que, según su apreciación, las solicitudes de prisión preventiva puedan responder a criterios generales sin considerar suficientemente las circunstancias individuales.

El jurista reiteró que la aplicación del nuevo Código Penal debe ir acompañada de una mayor inversión en infraestructura, personal y condiciones penitenciarias, a fin de evitar un agravamiento de los problemas existentes en el sistema carcelario dominicano.