Presidenta del CARD en Santiago denuncia abandono institucional y exige entrega de fondos a la seccional

La presidenta del Colegio Dominicano de Abogados (CARD), seccional Santiago, Milenys López, denunció este miércoles lo que calificó como una crisis institucional que mantiene “asfixiada” a la filial local, debido a la falta de entrega de los recursos económicos que, según afirma, le corresponden por ley.
López aseguró que el gremio “no pertenece a ningún grupo en particular”, sino a todos los abogados del país, en especial a aquellos de escasos recursos que dependen de la asistencia social del colegio.
En ese sentido, reveló que en Santiago existen varios juristas enfermos que han tenido que recurrir a colectas y maratones humanitarios para costear tratamientos médicos, ante la falta de apoyo institucional.
“Tenemos abogados enfermos aquí en Santiago. Hemos tenido que hacer maratones y actividades para poder paliar sus necesidades de salud. Eso debería asumirlo el colegio nacional, pero no lo está haciendo porque está inmerso en un conflicto institucional”, expresó.
Caso especial: Tony López
Entre los casos citados, la presidenta mencionó el del abogado Tony López, quien atraviesa una situación delicada de salud y ha requerido respaldo solidario de sus colegas. López indicó que esta realidad refleja la urgencia de que el gremio retome su rol social y cumpla con sus responsabilidades hacia los miembros más vulnerables.
La dirigente gremial hizo un llamado al diálogo y a la prudencia, tanto a la directiva nacional como a la sociedad en general, para rescatar la institucionalidad del CARD.
“Vamos a usar la prudencia y a pensar conscientemente lo que está pasando. Hay abogados humildes que tienen esperanza en el colegio”, subrayó.
Proponen asamblea y reforma legal
De su lado, el dirigente José Cerda, junto a miembros del equipo directivo de la seccional, informó que promoverán una asamblea para impulsar una modificación a la ley que rige el colegio, con el objetivo de que cada seccional reciba directamente las asignaciones económicas que le corresponden por concepto del pago del sello profesional o “sello azul”.
Según explicó, Santiago aporta aproximadamente el 15 % de los ingresos generados por este concepto, cifra que comparó con el peso económico de la provincia en el Producto Interno Bruto nacional.
“Cuando cada seccional reciba lo que le corresponde, se acabará la discusión. No es posible que la directiva nacional concentre los fondos mientras aquí hay abogados enfermos y proyectos educativos y sociales paralizados por falta de recursos”, sostuvo.
Cerda adelantó que ya existe un anteproyecto de ley depositado en el Congreso Nacional, respaldado por un legislador, el cual busca garantizar mayor autonomía financiera a las seccionales. Asimismo, advirtió que, de continuar la actual situación, la asamblea será el mecanismo para fijar una posición formal frente a la directiva nacional.

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