Proyecto de ley obligaría a beneficiarios de becas a retornar al país o reembolsar fondos al Estado

Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda discusión, un Cámara de Diputados de ley que contempla nuevas condiciones para los dominicanos beneficiados con becas financiadas por el Estado, entre ellas la obligación de retornar a la República Dominicana luego de concluir estudios en el extranjero.

La propuesta, presentada por el diputado José Caraballo, busca crear el Sistema Nacional de Becas y establecer un marco para facilitar el acceso a programas de educación superior, técnica y profesional. En el caso de quienes estudien fuera del país con recursos públicos, la iniciativa establece un compromiso de regresar a territorio dominicano por un período de entre dos y cinco años para aplicar los conocimientos adquiridos.

De acuerdo con el proyecto, los graduados que decidan no retornar al país podrían quedar obligados a reembolsar de manera parcial o total los recursos invertidos por el Gobierno en su formación. La medida se sustenta en el principio de reciprocidad social por tratarse de estudios financiados con fondos públicos.

La pieza legislativa también fija responsabilidades para los becarios, como mantener el rendimiento académico requerido, actualizar las informaciones solicitadas por las autoridades y destinar los recursos exclusivamente a los fines educativos para los cuales fueron otorgados.

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El incumplimiento de estas disposiciones podría generar sanciones que van desde amonestaciones y suspensión temporal de los desembolsos hasta la devolución de recursos y la imposibilidad de participar en nuevas convocatorias durante determinados períodos.

Las consecuencias serían más severas en casos de fraude. La presentación de documentos falsificados, manipulación de registros académicos o utilización fraudulenta de los fondos podría provocar la cancelación definitiva de la beca, la devolución total del dinero recibido, una inhabilitación de hasta diez años y el envío del expediente al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales.

El proyecto también contempla consecuencias para funcionarios involucrados en actos de corrupción, favoritismo o irregularidades durante los procesos de asignación y administración de las ayudas educativas.

La iniciativa deberá ahora ser conocida y aprobada en dos discusiones por el Senado de la República. Si supera ese proceso, pasará al Poder Ejecutivo para que el presidente Luis Abinader decida sobre su promulgación u observación.