Santo Domingo.- El Ministerio Público sostiene en el expediente de la denominada operación COBRA 2.0-A que algunos afiliados del Servicio Nacional de Salud, SENASA, aparecieron con consultas y procedimientos médicos registrados en fechas y horarios en los que se encontraban fuera de República Dominicana.
La acusación señala que durante las entrevistas realizadas a los afiliados investigados, algunos manifestaron que no habían recibido los servicios médicos que aparecían consignados en sus historiales y que tampoco conocían a los profesionales que figuraban como responsables de esas atenciones.
El expediente detalla que, además de los casos de personas que estaban fuera del país, otros afiliados indicaron que en las fechas de las supuestas consultas se encontraban trabajando, en sus hogares o fuera de la ciudad donde supuestamente fueron atendidos. Para el Ministerio Público, esas circunstancias hacían imposible que hubieran acudido a los centros médicos.
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Los investigadores también señalaron que algunos de los afiliados ni siquiera conocían la existencia o ubicación de los consultorios donde supuestamente habían recibido atención. El documento plantea que estos testimonios se repitieron entre personas residentes en diferentes puntos del país.
Según la teoría presentada por el Ministerio Público, la selección de algunos de estos afiliados habría respondido a su bajo historial de interacción con SENASA, lo que supuestamente reducía la posibilidad de que detectaran rápidamente que sus datos estaban siendo utilizados para registrar servicios médicos.
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El expediente vincula estos testimonios con las auditorías realizadas por SENASA y las experticias del INACIF sobre formularios de reclamaciones, dentro de una investigación que abarca miles de autorizaciones médicas registradas entre 2021 y 2025.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, Santiago Hazim, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
