Santo Domingo.– El Ministerio Público puso en marcha este viernes la Operación Cobra 2.0-A, mediante la cual fueron arrestadas 28 personas y ejecutados 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, como parte de la investigación sobre una estructura que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, informó que las diligencias buscan procesar a ex empleados de SeNaSa, médicos y otras personas que, de acuerdo con la investigación, habrían participado en un entramado dedicado a estafar a la ARS pública y sustraer miles de millones de pesos.
En los operativos participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. Además, en las investigaciones también participó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
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Las autoridades informaron que durante los allanamientos han ocupado bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego como parte de las evidencias que serán incorporadas al proceso.
Según explicó Camacho, esta operación constituye una segunda fase de las investigaciones iniciadas con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló una estructura de corrupción administrativa que, de acuerdo con la acusación, utilizó a SeNaSa para sustraer fondos públicos.
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Entre los principales imputados de la primera etapa figura Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado. También son procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El Ministerio Público informó que el pasado 5 de agosto el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy y a los demás procesados.
También cumple arresto domiciliario Ada Ledesma Ubiera, luego de que su medida de coerción fuera variada por razones de salud el pasado 16 de julio.
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El proceso incluye además a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Asimismo, figura como imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó el pasado 30 de julio la prisión preventiva de 18 meses que le había sido impuesta en mayo.
De acuerdo con el órgano acusador, a los procesados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que durante la investigación ha obtenido evidencias de presuntos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustentos jurídicos que habrían sido utilizados para distraer fondos de la ARS estatal.
La investigación también contempla un componente relacionado con prestadores de servicios de salud, a quienes el órgano acusador señala de haber participado en maniobras fraudulentas que habrían afectado los recursos públicos y a los afiliados de SeNaSa.
Como parte de las líneas de investigación, el Ministerio Público también desarrolló en junio la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas vinculadas a presuntas irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
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El Ministerio Público señala que entre las maniobras investigadas figuran presunto fraude clínico y farmacéutico, cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
También se investigan la venta de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales, tráfico con sustancias controladas, uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas, reembolsos fraudulentos, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
La Operación Cobra 2.0-A continúa en desarrollo, mientras el Ministerio Público avanza con las diligencias y se espera que las personas arrestadas sean presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.
