Santo Domingo.- La investigación por corrupción en SeNaSa podría extenderse durante cuatro meses adicionales, luego de que el Ministerio Público solicitara al tribunal una prórroga para profundizar las pesquisas contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otros procesados por un presunto esquema que habría ocasionado pérdidas de miles de millones de pesos a la institución.
La petición debía ser conocida este miércoles por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Sin embargo, el tribunal aplazó la audiencia para el 4 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, debido al fallecimiento de un familiar de uno de los abogados que intervienen en el proceso.
Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que los fiscales requieren tiempo adicional debido al volumen de operaciones financieras que deben examinar, la cantidad de personas investigadas y el alcance de los hechos atribuidos a los involucrados.
De acuerdo con Camacho, la investigación por corrupción en SeNaSa continúa desarrollándose en distintas líneas y comprende tres estructuras que, según las autoridades, habrían operado en perjuicio de la administradora pública de riesgos de salud.
El representante del órgano persecutor adelantó que las pesquisas conducirán a nuevas imputaciones y a la incorporación de otras personas al expediente. Precisó que esas actuaciones serán realizadas una vez las diferentes fases de la investigación hayan avanzado lo suficiente.
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Camacho sostuvo que la dimensión de las operaciones bajo investigación requiere continuar con el levantamiento y análisis de evidencias para determinar la participación individual de las personas que presuntamente intervinieron y, cuando corresponda, presentarlas ante los tribunales.
Tribunal mantiene medidas de coerción
El proceso judicial incluye al exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, a quien el Ministerio Público identifica como principal responsable de la estructura investigada.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta contra Hazim Albainy y otros imputados dentro del expediente.
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La medida de coerción, establecida por un período de 18 meses, también alcanza a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ángel Luis Guzmán Vásquez también permanece bajo prisión preventiva por un período de 18 meses como parte del mismo proceso.
En el caso de Ada Ledesma Ubiera, inicialmente sometida a prisión preventiva, la medida fue sustituida posteriormente por arresto domiciliario debido a razones relacionadas con su estado de salud. El tribunal mantuvo este miércoles esa modalidad y dispuso una reducción de la garantía económica, decisión que no recibió objeciones del Ministerio Público.
Otros procesados en la Operación Cobra
La investigación por corrupción en SeNaSa, desarrollada en el marco de la denominada Operación Cobra, también involucra a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
Estas personas cumplen medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida de la República Dominicana.
El Ministerio Público sostiene que el expediente comprende diferentes operaciones que habrían afectado los recursos administrados por SeNaSa y, como consecuencia, los intereses de sus afiliados y del Estado dominicano.
Ministerio Público atribuye varios delitos
Según la acusación preliminar de las autoridades, los procesados habrían participado en un mecanismo mediante el cual fueron desviados miles de millones de pesos pertenecientes a la administradora estatal de riesgos de salud.
Entre las infracciones atribuidas figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, utilización de documentos falsos y lavado de activos.
Como parte de la investigación por corrupción en SeNaSa, el Ministerio Público afirma haber recopilado evidencias relacionadas con pagos de sobornos, modificaciones de estados financieros y la implementación de programas especiales que, según los fiscales, carecían de sustento jurídico.
Las autoridades investigan si esos mecanismos fueron utilizados para movilizar y distraer recursos públicos mediante diferentes operaciones y determinar quiénes participaron en cada una de ellas.
La tesis del Ministerio Público plantea que el esquema habría funcionado de manera sistemática dentro de SeNaSa y que en las operaciones habrían intervenido tanto funcionarios de la administradora de riesgos de salud como prestadores de servicios sanitarios.
La solicitud de cuatro meses adicionales deberá ser evaluada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional durante la audiencia fijada para el próximo 4 de septiembre. De ser acogida, el Ministerio Público dispondrá de ese período para ampliar las pesquisas, analizar las operaciones pendientes y definir las nuevas imputaciones anunciadas por la Dirección General de Persecución.
