SENPA y Medio Ambiente apresan a 22 personas tras más de 500 operativos en ríos del país

Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ejecutó 548 operativos en distintos ríos del territorio nacional entre el 1 y el 13 de enero de 2026, como parte del plan de protección, vigilancia y control de los recursos hídricos del país.

Como resultado de estas acciones, 22 personas fueron apresadas y 38 vehículos resultaron retenidos, entre ellos camiones, motocicletas y maquinaria pesada utilizada en actividades ilícitas relacionadas con violaciones a la normativa ambiental.

Los operativos estuvieron dirigidos a combatir la extracción y el transporte ilegal de materiales de la corteza terrestre, como arena, grava y piedras; impedir el lavado de vehículos dentro de los ríos y fiscalizar el transporte de agregados, a fin de verificar permisos, medidas de seguridad y cumplimiento de la ley.

San Cristóbal con mayor incidencia de intervenciones

La provincia San Cristóbal registró la mayor incidencia de intervenciones, con múltiples operativos en los ríos Nizao, Haina, Nigua y Boruga, donde fueron detenidos varios infractores, retenida maquinaria pesada e incautados componentes electrónicos de retroexcavadoras que habían sido ocultados en la zona para evadir la acción de las autoridades.

En Constanza, provincia La Vega, también se produjeron detenciones por extracción ilegal de arena en el río Tireo y por lavado de motocicletas dentro del afluente. De igual forma, se realizaron operativos en las provincias Monseñor Nouel, El Seibo, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago y La Altagracia, entre otras.

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Las acciones se ejecutaron por violaciones a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que permitió, además de las detenciones y retenciones de vehículos, la paralización de trabajos con permisos vencidos y de actividades realizadas dentro de los 30 metros reglamentarios de protección de los cuerpos de agua.

Para fines de judicialización, los casos fueron remitidos a las oficinas provinciales del Ministerio de Medio Ambiente y a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente.