Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional (TC), mediante la Sentencia TC/0855/26, confirmó la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley núm. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio que obligan a funcionarios que ejercen funciones de dirección y administración en entidades estatales, incluidos directivos del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), a presentar su declaración jurada de patrimonio.
La decisión constituye un importante respaldo a las atribuciones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y a las acciones impulsadas por su presidenta, la doctora Emma Polanco Melo, orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización del patrimonio de quienes desempeñan funciones vinculadas con la administración de recursos y bienes pertenecientes al Estado.
El Tribunal Constitucional rechazó, en cuanto al fondo, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra los numerales 13, 20, 21 y 33 del artículo 2 y el artículo 21 de la Ley núm. 311-14, y declaró estas disposiciones conformes con la Constitución dominicana.
Al analizar el caso de Banreservas, la alta corte determinó que la obligación comprende a quienes, por las funciones que desempeñan, participan en la dirección, administración y gestión de una entidad cuyo capital pertenece al Estado. El fallo establece, además, que esta condición los somete a un deber reforzado de transparencia patrimonial.
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La sentencia también precisa que la fiscalización patrimonial ejercida por la Cámara de Cuentas no invade ni sustituye las atribuciones de la Junta Monetaria, el Banco Central o la Superintendencia de Bancos. Mientras estos organismos ejercen la regulación y supervisión de la actividad financiera, la Cámara de Cuentas verifica el patrimonio personal de los funcionarios obligados a declarar y el origen de sus bienes, conforme a las atribuciones establecidas en la Ley núm. 311-14.
Como parte de las acciones desarrolladas para fortalecer el cumplimiento de esta normativa, la Cámara de Cuentas mantiene un seguimiento permanente a los funcionarios obligados a presentar su Declaración Jurada de Patrimonio y publica bimestralmente, a través del portal Ojo Ciudadano, la relación de los servidores públicos que permanecen omisos, facilitando el acceso ciudadano a estas informaciones y fortaleciendo los mecanismos de control social.
La Cámara de Cuentas valora la Sentencia TC/0855/26 como un precedente que fortalece la seguridad jurídica y reafirma la importancia de la declaración jurada como instrumento para promover la transparencia patrimonial, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la administración pública.
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Bajo la conducción de su presidenta, la doctora Emma Polanco Melo, la Cámara de Cuentas reafirma su compromiso de continuar ejerciendo sus atribuciones con independencia, rigor técnico y estricto apego a la Constitución y las leyes, en beneficio de la transparencia, la institucionalidad y el buen manejo de los recursos públicos.
