VALVERDE.-Un tribunal impuso una garantía económica de RD$1 millón como medida de coerción a un ciudadano sorprendido en flagrante mientras realizaba la quema de una finca de arroz en la provincia Valverde.
El imputado fue detectado durante los operativos de inspección, vigilancia y fiscalización que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), para enfrentar las infracciones ambientales en las zonas arroceras de la provincia.
Los equipos actuantes documentaron la quema y procedieron a poner al ciudadano a disposición de las autoridades competentes.
El tribunal dispuso una garantía económica ascendente a RD$1,000,000 mediante una compañía aseguradora.
Fiscalización de las quemas agrícolas
La quema de paja y rastrojos de arroz se encuentra entre las prácticas que el Ministerio mantiene bajo fiscalización por sus efectos sobre el ambiente, la calidad del aire y las comunidades cercanas a las zonas productivas.
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El Ministerio ha reiterado que las actividades agrícolas deben desarrollarse en cumplimiento de la normativa ambiental y que las violaciones detectadas durante los operativos de fiscalización serán documentadas y remitidas a las autoridades correspondientes cuando proceda.
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La directora provincial de Medio Ambiente en Valverde, Deysi Aquino, señaló que las acciones de vigilancia continuarán desarrollándose de manera coordinada con las instituciones responsables de hacer cumplir la legislación ambiental.
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“La protección del medio ambiente no puede quedarse solamente en advertencias. Cuando nuestros equipos encuentran una violación y existen elementos que la sustentan, corresponde actuar dentro del marco de la ley y poner el caso en manos de las autoridades competentes. Seguiremos trabajando para que las normas ambientales sean respetadas”, expresó Aquino.
El Ministerio continuará fortaleciendo los levantamientos, inspecciones y operativos de fiscalización en Valverde, junto al SENPA, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y las demás instituciones competentes.
Estas actuaciones forman parte del fortalecimiento del régimen de consecuencias frente a las infracciones ambientales, garantizando en cada caso el debido proceso y la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales núm. 64-00.
