Abogada Yamile Gutiérrez advierte sobre impacto de la reforma fiscal en la industria de juegos de azar

Santo Domingo, República Dominicana. La abogada Yamile Gutiérrez analizó las implicaciones de la recién aprobada Ley 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, destacando la necesidad de equilibrar los objetivos de recaudación fiscal con la sostenibilidad y competitividad de los operadores formales del sector.

Gutiérrez explicó que la nueva legislación marca un punto de inflexión para una industria que se encuentra altamente regulada, fiscalizada y que aporta de manera significativa a la economía nacional. No obstante, señaló que los operadores formales deberán evaluar cuidadosamente el impacto que las nuevas disposiciones tendrán sobre sus estructuras financieras y operativas.

“La reforma ya fue aprobada y corresponde ahora garantizar que su implementación fortalezca la economía sin afectar la competitividad de quienes cumplen con la ley”, expresó.

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La experta enfatizó que uno de los principales desafíos para el sector continúa siendo la existencia de operadores ilegales que desarrollan actividades sin licencias, sin supervisión estatal y sin cumplir con las obligaciones tributarias y regulatorias que sí asumen las empresas formalmente establecidas.

Asimismo, advirtió que la experiencia internacional demuestra que un aumento de la carga fiscal sobre los operadores regulados, sin una estrategia efectiva de combate a la ilegalidad, puede generar distorsiones en el mercado y favorecer a quienes operan fuera del marco legal.

“La ilegalidad no paga impuestos, no implementa programas de prevención de lavado de activos, no protege a los consumidores y no aplica mecanismos de juego responsable. Por eso, cualquier esfuerzo orientado a fortalecer la recaudación debe ir acompañado de acciones contundentes para enfrentar las operaciones ilegales”, sostuvo.

Gutiérrez indicó que el verdadero reto tras la aprobación de la reforma consiste en evitar que las nuevas cargas para el sector formal se conviertan en una ventaja competitiva para quienes incumplen la normativa vigente.

“Cuando la ilegalidad crece, pierde el Estado, pierde la industria formal y pierde la sociedad en su conjunto”, concluyó.