La libertad no puede depender de una lista

La decisión de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración de levantar 56,140 impedimentos de salida y alertas migratorias sin sustento judicial vigente merece reconocimiento. Es una medida que protege derechos fundamentales y corrige una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo. Pero también deja una pregunta preocupante: ¿cómo fue posible que miles de restricciones permanecieran registradas durante años sin que nadie corrigiera esa situación?

La revisión de archivos acumulados desde 1990 puso al descubierto una falla importante en los controles del Estado. Detrás de esos registros había ciudadanos que podían encontrarse con una prohibición de viajar, aun cuando ya no existiera una razón judicial que la justificara. Un error de esa naturaleza puede significar un viaje perdido, una oportunidad de trabajo frustrada o un perjuicio económico. Y cuando se trata de la libertad de las personas, ningún error administrativo puede considerarse un asunto menor.

Es justo reconocer la iniciativa de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y la coordinación con las autoridades migratorias para corregir estas irregularidades. Sin embargo, el verdadero avance no estará solamente en eliminar miles de registros, sino en garantizar que no vuelvan a acumularse. El Estado tiene la responsabilidad de perseguir los delitos y hacer cumplir las decisiones judiciales, pero también debe proteger a los ciudadanos de los errores de sus propias instituciones. La libertad de tránsito, garantizada por nuestra Constitución, no puede quedar a merced de expedientes olvidados o sistemas que nadie actualiza.

Ahora corresponde establecer controles permanentes, facilitar que cualquier ciudadano pueda consultar su situación migratoria y asegurar que las restricciones sean levantadas tan pronto desaparezca su fundamento legal. También debe quedar claro quién responde cuando una falla administrativa afecta injustamente a una persona. La depuración anunciada es un paso positivo, pero no puede quedarse en una corrección extraordinaria. Una justicia que funciona no es solo la que impone restricciones cuando corresponde, sino también la que sabe levantarlas a tiempo. Porque en un Estado de derecho, la libertad de un ciudadano nunca puede depender de una lista desactualizada.