Rafael Ciprián afirma ley del DNI “nunca debió ser aprobada por el Congreso”

El reconocido jurista dominicano, Rafael Ciprián, reiteró este martes su firme oposición a la recientemente aprobada Ley 1-24 o ley del DNI, la cual calificó como un “atentado directo al Estado social democrático que nos rige”.

La ley, que aborda cuestiones relacionadas con la inteligencia y seguridad nacional, ha generado controversia desde su aprobación en el Congreso, razón por la que Ciprián entiende que esta normativa va en contra de los principios fundamentales establecidos en la Constitución.

“Se lleva de paro toda la Constitución desde la dignidad humana hasta la efectividad de la división de funciones de los poderes y órganos del Estado”, dijo.

Entre las críticas del experto, resalta la autorización otorgada a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para investigar y exigir información sin la necesidad de una orden judicial previa.

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Aseguró además que esto vulnera derechos fundamentales como “la privacidad, el secreto profesional, la confidencialidad periodística e incluso el derecho bancario”, expresó en llamada telefónica al Sol de la Mañana.

Ciprián planteó también dos posibles acciones para contrarrestar la entrada en vigencia de la ley, que serían en primer lugar, propone la presentación urgente de un proyecto de ley que anule, revoque o modifique la normativa cuestionada.

Mientras, como segunda alternativa, sugiere interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), basándose en múltiples violaciones a diversos artículos de la Constitución Dominicana.

Ante estas declaraciones, surge la interrogante sobre cómo evitar la implementación de la ley, a lo que Rafael Ciprián destaca que, para entrar en vigencia, la ley debe ser publicada y cumplir con los plazos establecidos, brindando así una ventana para actuar antes de su implementación total.

La polémica en torno a la Ley 1-24 parece estar lejos de resolverse, generando debates sobre la importancia de salvaguardar los principios democráticos y los derechos fundamentales en la República Dominicana.