El Gobierno de Trump faculta a jueces de inmigración poder imponer multas de hasta 3.500 dólares
Los Ángeles.- El Gobierno del presidente Donald Trump ha propuesto una nueva regla que faculta a los jueces de inmigración imponer sanciones civiles por desacato de hasta 3.500 dólares a los inmigrantes, sus abogados o testigos que incumplan con las órdenes judiciales.
La normativa propuesta por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO), que regula las cortes de inmigración, permitiría a los jueces, por primera vez, imponer multas de entre 1.000 y 3.500 dólares si un abogado u otra persona persiste en desobedecer las órdenes del tribunal.
No obstante, la regla, publicada en el Registro Federal, no permite a los jueces sancionar a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha generado críticas de expertos legales.
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Plazo para recibir opiniones
En ese sentido, Gregory Chen, el director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), dijo a CBS que la norma, “totalmente sesgada”, es un nuevo intento de atacar a los abogados de inmigración, “en consonancia con las tácticas de intimidación del presidente” estadounidense.
Los tribunales de inmigración en EE.UU. han enfrentado críticas, ya que están bajo la rama del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que permitiría al Departamento de Justicia hacer cambios a su discreción.
La propuesta entró en un plazo de 60 días para recibir las opiniones del público.
La Casa Blanca ha puesto el acelerador para imponer sanciones económicas contra los inmigrantes. Más de 100.000 extranjeros han recibido cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informándoles que adeudan 998 dólares por cada día que han permanecido en Estados Unidos después de que un juez de inmigración ordenara su salida, según datos citados por The New York Times.
Las sanciones han alcanzado cifras de hasta 1.820.352 dólares, la multa impuesta a una mexicana, madre de tres estadounidenses, que supuestamente debería haber abandonado el territorio desde 2013.
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