Niña ultimada por su madre en Manoguayabo revive caso de Ana Josefa, otra agente policial que decapitó su hija

Santo Domingo.– La muerte de una niña de 10 años en el sector Batey Bienvenido, en Manoguayabo este sábado, ha reavivado el recuerdo de uno de los casos más impactantes ocurridos en República Dominicana en los últimos años: el de Ana Josefa García Cuello, la médico militar y miembro de la Policía Nacional acusada de decapitar a su hija de seis años en agosto de 2024.

En el hecho más reciente, la Policía Nacional informó la detención de una agente, actualmente inhabilitada, luego de que presuntamente hiriera con un arma cortante a su hija de 10 años. La menor falleció mientras recibía atenciones médicas. Según la institución, la mujer se encontraba bajo licencia médica desde 2023 debido a una condición de salud mental, aspecto que forma parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público.

El caso ha sido comparado por diversos sectores con el de Ana Josefa García Cuello, quien enfrenta un juicio de fondo por la muerte de su hija en un hecho ocurrido el 15 de agosto de 2024 en el sector Los Trinitarios, Santo Domingo Este. La entonces médico militar, también integrante de la Policía Nacional, está acusada de decapitar a la menor de seis años dentro de su residencia.

En ambos casos coinciden elementos que han llamado la atención de la opinión pública: las presuntas responsables pertenecían a la Policía Nacional, las víctimas eran sus hijas menores de edad y existen antecedentes relacionados con problemas de salud mental.

Sin embargo, los procesos presentan diferencias. Mientras el caso de Manoguayabo apenas inicia la fase investigativa, el expediente contra Ana Josefa García Cuello ya se encuentra en juicio. Su defensa sostiene que la imputada padecía trastornos psicóticos y ha solicitado que sea declarada inimputable, alegando que actuó durante un episodio de enfermedad mental, planteamiento que aún deberá ser valorado por los jueces.

Ambos hechos han generado un amplio debate sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de evaluación, seguimiento y atención de la salud mental dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente cuando sus miembros presentan diagnósticos psiquiátricos o permanecen bajo licencia médica.