Insostenibilidad fiscal y presión al contribuyente: Análisis de Eliseo Almánzar sobre subsidios a combustibles
Santo Domingo, RD. – Las recientes medidas del Gobierno dominicano para mantener sin variación el precio de los combustibles hasta el próximo 7 de enero han abierto un intenso debate en el ámbito económico y fiscal del país. Durante su participación en el programa Politikal, el abogado y especialista en geopolítica Eliseo Almánzar advirtió que mantener congeladas las tarifas de los hidrocarburos mediante subsidios resulta fiscalmente insostenible en el mediano plazo y genera una profunda distorsión en el endeudamiento público y en la ejecución del presupuesto nacional.
Aunque la medida busca contener el costo de la vida a corto plazo, el especialista sostuvo que el modelo actual oculta severas tensiones financieras y evidencia la necesidad urgente de una reforma estructural al esquema tributario de los combustibles.
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El peso real del subsidio en las finanzas públicas y la deuda nacional
Según explicó Eliseo Almánzar, el anuncio oficial de limitar la congelación a un techo semanal de hasta 1,500 millones de pesos presupuestaría unos 9,000 millones de pesos adicionales durante las últimas seis semanas del año. Al sumar este monto a los aproximadamente 45,000 millones de pesos erogados previamente por concepto de subsidio carburante, el acumulado anual alcanzará unos 54,000 millones de pesos, equivalentes a más de 900 millones de dólares.
El especialista enfatizó que la gravedad del escenario radica en la suma acumulada de los subsidios a los combustibles y al sector eléctrico, este último estimado en 2,000 millones de dólares. Bajo este esquema, Almánzar calculó que de cada 100 dólares obtenidos por el Estado dominicano a través de préstamos este año, 75 dólares se han destinado exclusivamente a cubrir los subsidios de electricidad y combustibles, dejando apenas 25 dólares para el gasto corriente del Estado y anulando la capacidad presupuestaria para obras de infraestructura pública.
El margen fiscal del “Gulf Coast” y el impuesto ad valorem
En su análisis técnico, Almánzar precisó una confusión recurrente entre dirigentes políticos y analistas: el precio referencial para la importación y fijación de combustibles en la República Dominicana no es el petróleo West Texas Intermediate (WTI), sino la cotización de los refinados en la costa del Golfo de Estados Unidos (Gulf Coast).
Eliseo Almánzar señaló que las reducciones superiores a 50 centavos en el precio al por mayor del diésel registrado en el mercado del Golfo permiten al Gobierno obtener un “alivio fiscal”. Al mantener los precios finales fijos al usuario mientras baja el costo de paridad de importación, el Estado logra sostener la recaudación a través del impuesto específico y el impuesto ad valorem, captando recursos para compensar el déficit acumulado durante los meses de mayores alzas internacionales.
“El Gobierno va a tratar de recuperar parte de esos montos acumulados mediante las recaudaciones. No es posible que la República Dominicana se dé el lujo de gastar más de 50,000 millones de pesos en un año en subsidios sin sincerar la estructura tributaria.” — Eliseo Almánzar en Politikal.
Propuestas de reforma: Formalización del transporte y focalización del GLP
Ante la inminencia de una reforma fiscal que aborde el sector hidrocarburos, el abogado y analista planteó sustituir la estructura impositiva actual por un impuesto al valor agregado (ITBIS) especial aplicable a los combustibles, el cual sea deducible en las declaraciones tributarias de las empresas y contribuyentes formalizados.
Implicaciones para el bolsillo de los dominicanos y la coyuntura futura
Para el ciudadano dominicano, la congelación temporal de los carburantes evita un repunte inmediato en las tarifas del transporte y en los precios de los productos de la canasta básica en el período navideño. Sin embargo, Almánzar advirtió que la falta de sinceración de los costos reales crea un diferimiento de la carga financiera que terminará afectando a la población cuando los ajustes sean inevitables.
El analista concluyó que los subsidios temporales no pueden convertirse en mecanismos permanentes de Estado. Instó a las autoridades a establecer un diálogo sincero con los sectores productivos y la opinión pública para formular una estrategia tributaria transparente y sostenible que proteja a los sectores vulnerables sin comprometer la estabilidad económica del país.
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