La Fiscalía General de la Nación investiga al Ejército colombiano por la liberación de un presunto narcotraficante capturado con 4,5 kilos de pasta base de cocaína el 31 de enero de 2024 en Cauca, en un procedimiento que habría sido ordenado por el general Federico Mejía y que ahora pone bajo examen la legalidad de la decisión, el uso de recursos del Ejército y la responsabilidad de la cadena de mando.
La indagación también revisa el costo del operativo: la movilización aérea para devolver al detenido al lugar de su captura habría superado los $100.000.000, de acuerdo con cálculos citados en la denuncia. El caso, expuesto por Semana, ocurrió en la vereda El Diamante durante una operación militar en El Plateado.
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Según la reconstrucción del caso, Melciades Guaca Armero fue interceptado por una unidad del Ejército que realizaba operaciones contra el narcotráfico en el Cauca. Los soldados encontraron 4,5 kilos de pasta base de cocaína en el equipaje del hombre, quien se movilizaba en motocicleta. Tras informar a la Fiscalía, leerle sus derechos y trasladarlo en helicóptero a Popayán para su judicialización, los uniformados habrían recibido la orden de dejarlo en libertad.
De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, esa instrucción habría sido impartida por el general Federico Mejía, quien en ese momento era comandante del Comando Específico del Cauca. El Ejército quedó bajo cuestionamiento por la decisión de liberar al detenido y devolverlo, junto con la droga incautada, al lugar donde había sido interceptado.
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El Tribunal Administrativo del Cauca ordenó al Ejército Nacional de Colombia entregar al medio de comunicación información relacionada con el caso, luego de considerar que la institución no justificó adecuadamente la reserva con la que había clasificado los documentos solicitados.
En su decisión, el tribunal estableció que el Ejército no logró demostrar la existencia de un daño presente, probable y específico que justificara mantener la información bajo reserva. Por ello, determinó que se trataba de información pública a la que podía acceder el periodista que investigaba el caso.
La documentación también revela que en el procedimiento participaron 36 integrantes del Ejército, entre ellos tres oficiales: un coronel, un teniente coronel y un mayor. La cantidad de militares involucrados ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos y personal de la institución en una actuación relacionada con la liberación del presunto narcotraficante.
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En el expediente aparece además el general Federico Mejía, actual jefe de Educación y Doctrina del Ejército. Según los documentos citados, el alto mando militar habría reconocido mediante escritos firmados por él que ordenó liberar al hombre capturado durante una operación contra el narcotráfico.
La investigación también busca determinar si la actuación del Ejército se ajustó a los procedimientos establecidos para la captura y judicialización de personas encontradas con sustancias ilícitas. La decisión del tribunal permitió conocer detalles que habían permanecido bajo reserva y que ahora forman parte del análisis de las autoridades.
Por este caso y otros hechos, el general Mejía enfrenta indagaciones en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por delitos que, según el expediente, incluyen concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública. La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo la liberación y las responsabilidades individuales dentro de la cadena de mando del Ejército.
Las versiones sobre la supuesta asonada chocan con los testimonios del Ejército
La explicación central del caso es una disputa sobre el riesgo que existía en el lugar. El general Federico Mejía comunicó a sus superiores que la orden buscaba evitar una asonada, es decir, una reacción violenta de la comunidad tras la captura.
Soldados que participaron en el operativo declararon ante la Fiscalía que la situación estaba controlada y que no existía una amenaza inmediata de violencia civil. Conforme a las versiones citadas por el medio, parte de la población ya se había retirado después de dialogar con los uniformados.
En su respuesta a la revista, Mejía negó haber impartido la instrucción: “En ningún momento ordené la liberación de persona alguna, entre otras razones porque no ostentaba la competencia funcional directa sobre el procedimiento”. La publicación, sin embargo, informó que accedió a un documento firmado por el general y dirigido al entonces comandante del Ejército Emilio Cardozo, en el que se reconoce la orden y se describen detalles de la liberación.
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La Fiscalía busca establecer si la amenaza era real, si la reacción militar fue proporcional y quiénes conocieron, avalaron o toleraron la decisión. Entre los altos mandos que, de acuerdo con las investigaciones, estaban enterados de lo ocurrido figuran el general Helder Giraldo, de las Fuerzas Militares, Mauricio Ospina y el propio Cardozo.
El expediente también examina la respuesta disciplinaria, o la ausencia de ella, dentro de la estructura castrense. Los fiscales ya han interrogado a oficiales operativos y superiores para determinar el nivel de responsabilidad de Mejía y de su cadena de mando.
El caso adquirió mayor sensibilidad porque, además de esta investigación, Mejía enfrentaba otra indagación por concierto para delinquir. Al presentar su versión, el general defendió el proceder del Comando Específico del Cauca y sostuvo que se actuó conforme a las responsabilidades operativas tras evaluar los riesgos de la región.
