Investigan a fiscal que imputó a Trump por posible sesgo político

Washington.— Funcionarios federales anunciaron este sábado la apertura de una investigación contra Jack Smith, el fiscal especial que lideró los casos judiciales contra Donald Trump por el asalto al Capitolio y el manejo indebido de documentos clasificados.

La pesquisa fue iniciada por la Oficina de Asesoría Especial (OSC, por sus siglas en inglés), bajo sospecha de que Smith actuó con fines políticos.

Según informaron medios estadounidenses, la OSC indaga posibles violaciones a la Ley Hatch, una normativa que limita las actividades políticas de los empleados federales. La acción se produce tras una solicitud formal del senador republicano Tom Cotton, quien acusó a Smith de “una interferencia sin precedentes en las elecciones de 2024”, las cuales Trump ganó a pesar de enfrentar múltiples procesos judiciales.

Aunque la OSC no tiene capacidad para presentar cargos penales, sí puede recomendar sanciones disciplinarias o remitir sus hallazgos al Departamento de Justicia para una evaluación más amplia.

Jack Smith fue designado en 2022 por el entonces fiscal general Merrick Garland para dirigir las investigaciones relacionadas con el expresidente Trump, quien había dejado el poder tras perder las elecciones de 2020 frente a Joe Biden.

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A raíz de su trabajo, Trump fue imputado en Washington por presuntamente intentar revertir los resultados electorales y fomentar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Además, enfrentó otro proceso en Florida por retener documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca y almacenarlos en su residencia de Mar-a-Lago.

El exmandatario negó en todo momento las acusaciones, calificándolas como parte de una “caza de brujas” impulsada por la Administración Biden.

Sin embargo, tras su victoria en las elecciones presidenciales del año pasado, Smith retiró los cargos en ambos casos, debido a que el Departamento de Justicia tiene restringido procesar a un presidente en funciones.

La investigación en curso contra Smith añade un nuevo capítulo al ya polémico entramado legal y político en torno a las figuras clave del proceso electoral estadounidense.