La Paz.- El Parlamento de Bolivia solicitó a la Cancillería gestionar ante Estados Unidos información oficial sobre las acusaciones de presunta corrupción contra el fiscal general Roger Mariaca, a quien Washington revocó el visado junto a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos.
El presidente del Senado, Diego Ávila, explicó que, junto al titular de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, solicitó al Ministerio de Exteriores que gestione por los canales diplomáticos la entrega de la información disponible sobre los señalamientos.
“Necesitamos conocer su alcance y contar con los documentos y antecedentes que puedan ser proporcionados al Estado boliviano”, manifestó Ávila.
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Estados Unidos revocó los visados de varios altos funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de corrupción y de realizar acciones que, según Washington, socavan gobiernos elegidos democráticamente.
Caso Roger Mariaca
En el caso de Roger Mariaca, el Departamento de Estado estadounidense lo acusa de haber abusado de cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Se trata de señalamientos del Gobierno estadounidense y no de una condena judicial.
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Mariaca rechazó las acusaciones y denunció lo que considera una injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Bolivia. También sostuvo que los señalamientos buscan interferir con el trabajo del Ministerio Público.
Por su parte, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados plantearon que el fiscal general se aparte temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen las acusaciones.
Roger Mariaca ante Parlamento
El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, convocó para el lunes 5 de octubre una sesión del pleno destinada a analizar las restricciones adoptadas por Estados Unidos contra Roger Mariaca y otros ciudadanos bolivianos.
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Durante la sesión se prevé revisar la documentación e informes disponibles y analizar la posible conformación de una comisión parlamentaria de investigación.
La convocatoria establece que el tratamiento del caso deberá respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la independencia de los órganos del Estado y la autonomía del Ministerio Público. También precisa que las medidas migratorias adoptadas por un país extranjero no determinan, por sí solas, responsabilidad penal en Bolivia.
El Gobierno boliviano también anunció que solicitará a Estados Unidos información complementaria y elementos probatorios sobre los señalamientos para evaluar las acciones que correspondan conforme a la legislación nacional.
