Arrestan a excónsul hondureña en EE.UU. por presunta trama de sobornos y lavado de dinero
Ada Evila Serrano Núñez y otras tres personas enfrentan acusaciones relacionadas con pagos ilegales para facilitar citas consulares en Atlanta y presuntas operaciones de lavado de dinero.

La exconsul general de Honduras en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, fue arrestada por las autoridades estadounidenses junto a otras tres personas, acusadas de participar en una presunta red de sobornos y lavado de dinero relacionada con la asignación de citas para obtener pasaportes, documentos de identificación y otros servicios consulares.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre los detenidos también figuran los hijos de la exfuncionaria, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, así como Mario Antonio Castellanos Velásquez, quien habría participado en la coordinación de las citas consulares.
La investigación sostiene que Serrano, mientras dirigía el Consulado General de Honduras en Atlanta, presuntamente exigía pagos en efectivo como sobornos a una empresa privada para permitir que sus clientes accedieran a los servicios de la representación diplomática.
Sobornos por citas consulares en Atlanta
Según los documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, la exfuncionaria habría establecido un mecanismo de cobros ilegales a una compañía de Tennessee identificada como Consular Services Company.
La empresa ofrecía servicios de asistencia para programar citas y transportar ciudadanos hondureños hasta las instalaciones consulares en Atlanta, Georgia, donde podían realizar trámites de pasaportes, documentos de identificación y otras gestiones oficiales.
La acusación señala que, después de asumir la dirección del consulado, Serrano habría exigido una cantidad de dinero por cada persona trasladada por la compañía.
A cambio, presuntamente facilitaba el acceso de esos usuarios a las citas necesarias para completar sus trámites.
Las autoridades aclararon que los pagos investigados no correspondían a tarifas oficiales establecidas por el consulado, sino a presuntos sobornos exigidos para garantizar la atención de los solicitantes.

El mecanismo habría funcionado desde al menos agosto de 2024 hasta marzo de 2026, período durante el cual Serrano se encontraba al frente de la representación consular.
Hijos de la excónsul habrían recibido dinero
La investigación también involucra a los dos hijos de la exfuncionaria, quienes, según la Fiscalía, habrían recibido parte del dinero procedente de los presuntos pagos ilegales o sobornos.
Los documentos judiciales señalan que Serrano supuestamente ordenó que los fondos recaudados fueran entregados a Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano.
Posteriormente, ambos habrían realizado depósitos en efectivo en cuentas bancarias personales ubicadas en el Distrito Norte de Georgia.
Los investigadores identificaron operaciones por cantidades que oscilaban entre 100 y 6,000 dólares.
Según la documentación citada, estos movimientos se registraron entre julio de 2023 y diciembre de 2024 y son examinados como parte de la presunta conspiración para cometer lavado de dinero.
La Fiscalía considera que las transacciones podrían haber tenido como finalidad ocultar el origen de los recursos obtenidos mediante el supuesto esquema de sobornos.
En la acusación también figura Mario Antonio Castellanos Velásquez, quien habría mantenido comunicación con representantes de la compañía para coordinar el ingreso de sus clientes a las instalaciones consulares después de efectuados los pagos.
¿Quién es Ada Evila Serrano Núñez?
Ada Evila Serrano Núñez, de 72 años y nacionalidad hondureña, encabezó el Consulado General de Honduras en Atlanta desde julio de 2022 hasta marzo de 2026, según la información atribuida a la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia.
Su gestión comenzó durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, quien asumió el poder en enero de 2022.
Serrano también aparece en registros administrativos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.
Una resolución fechada el 9 de enero de 2025, identificada como 01-SRECI-ED-2025 y suscrita por el entonces canciller Eduardo Enrique Reina García, la incluyó entre los funcionarios incorporados al Servicio Diplomático y Consular de Carrera, con rango de consejera.
Asimismo, un directorio de representaciones consulares de febrero de 2025 la identificaba como cónsul y jefa interina de misión en Atlanta.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la exfuncionaria fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta por supuestos sobornos.
Acusación por sobornos y lavado de dinero
La acusación formal contra Serrano incluye tres cargos: conspiración para violar la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA), violación de esa legislación y conspiración para cometer lavado de dinero.
El Departamento de Justicia señaló que este caso constituye el primer procesamiento anunciado bajo la FEPA, legislación estadounidense dirigida a sancionar determinadas conductas de sobornos cometidas por funcionarios extranjeros.
El fiscal federal Theodore S. Hertzberg sostuvo que los representantes diplomáticos extranjeros no pueden aprovechar sus cargos para exigir pagos ilegales y afirmó que su oficina perseguirá las conductas de corrupción que se produzcan dentro de su jurisdicción.
Por su parte, el agente especial del FBI en Atlanta, Marlo Graham, destacó la importancia de investigar a quienes presuntamente utilizan posiciones de confianza pública para obtener beneficios personales.
El caso está a cargo de Derek J. Ettinger, de la Sección de Delitos de Cuello Blanco y Cumplimiento Corporativo del Departamento de Justicia, y del fiscal federal adjunto Garrett L. Bradford, del Distrito Norte de Georgia.
Investigación pone bajo escrutinio servicios consulares
La acusación ha puesto atención sobre los mecanismos utilizados para gestionar las citas de ciudadanos hondureños residentes en Estados Unidos, especialmente aquellos que deben desplazarse desde otros estados para recibir atención consular.
El expediente plantea que el supuesto esquema habría aprovechado la necesidad de los usuarios de acceder a documentos oficiales para exigir pagos ajenos a las tarifas autorizadas como sobornos.
Las autoridades estadounidenses continúan con el proceso judicial para determinar las responsabilidades individuales de las personas acusadas.
Los cargos presentados constituyen acusaciones y no una declaración de culpabilidad. Los implicados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.


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