Santo Domingo. – El expediente acusatorio del Ministerio Público en el alegado caso de corrupción administrativa denominado Operación Coral, reveló que el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza desviaba fondos de instituciones estatales, donde intencionalmente quedaba asignado como gerente financiero.
Según el órgano judicial, el entramado societario tenía como principal cerebro financiero y administrador de las propiedades al acusado Núñez de Aza, quien destacó que fungía como gerente financiero a la vez en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente, durante los últimos cuatro meses del gobierno de Danilo Medina, en el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI).
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En ese sentido, indicó que el imputado intencionalmente quedaba puesto como gerente financiero por sus directores, y adquiría para estos propiedades muebles e inmuebles, además de cubrir los gastos personales y familiares de estos.
Asimismo, según la acusación, se detalla que en concurso con los directores, creó varias empresas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparaciones, asegurando que los soportes de dichas ventas y servicios se trataba de inventos del equipo que conformaba el departamento financiero de dichas instituciones.
El documento explicó que contó con la aprobación de Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou.
Además, resaltó que realizó procesos de compras ficticias para de esta forma desviar fondos utilizando las empresas Rawel Importadores S.R.L, Meljo E.I.R.L., Optumus E.I.R.L., S.O.S Carretera S.R.L., Distribuidora TAFL, S.R.L., Distribuidora KF S.R.L., y S.S.A. Corporation S.R.L.
Beneficiarios y testaferros
El expediente subrayó que el acusado Núñez de Aza creó una red que se encargó de colocar a cientos de policías y militares de manera fraudulenta en las nóminas CESTUR y en la del CUSEP, cobrando en promedio entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, luego distintos miembros del entramado se encargaban de recoger dichos montos, dejando a la persona nombrada solo con un 10% o menos, del salario establecido.
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El Ministerio Público puntualizó que dichas operaciones participaron y se beneficiaron Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Julio C. De los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Alfredo Ventura Pichardo FARD, José Manuel Rosario Pirón, Lisandro De Jesús Cabrera Alemán y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Asimismo, explicó que los acusados, a raíz de los beneficios de los actos de corrupción, no podrían justificar con sus ingresos habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes, por lo cual tuvieron que recurrir a la utilización de testaferros y/o prestanombres para le administraran, quienes a la vez percibían respectivos beneficios por su participación.
Dentro de los cuales señaló a Erasmo Roger Pérez Núñez, Kelman Santana Martínez, Epifanio Peña Lebrón, Santiago Antonio Suarez Peguero, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Tanner Antonio Flete Guzmán; así como a Lucia De Los Santos Viola, Manuel De Jesús Alba Solano, Onoris Beatriz De los Santos, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor Del Rosario Viola, Rosa Antonia Disla, Erick Daniel Pereira Núñez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Jehohanan L. Rodríguez Jiménez.
