Santo Domingo.– La abogada de varias de las víctimas de la tragedia del Jet Set, Laura Acosta, centró su intervención en el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat en la responsabilidad civil y en lo que calificó como un “entramado societario” utilizado alrededor de la administración de la discoteca.
Acosta explicó que la parte querellante y actora civil se ha adherido a la acusación del Ministerio Público en lo relativo a la responsabilidad penal, pero que durante el proceso buscará demostrar quiénes, además de los imputados, podrían tener responsabilidad desde el punto de vista civil.
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Según sostuvo, la discoteca era administrada por Antonio Espaillat, quien fungía como gerente o cogerente junto a su madre en Inversiones EIL SRL. Sin embargo, afirmó que otras empresas vinculadas al empresario intervenían en distintas operaciones relacionadas con el establecimiento.
La abogada señaló que, a través de ese esquema, se habría producido una dilución del patrimonio de Inversiones EIL, sociedad que, según explicó, actualmente no es propietaria del inmueble ni genera ingresos debido a que la discoteca dejó de existir.
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“Vamos a demostrar a este tribunal con las pruebas aportadas que, a través de un entramado de empresas, el señor Antonio Espaillat López usaba otras empresas, esencialmente con la finalidad de diluir el patrimonio de Inversiones EIL”, afirmó Acosta.
La representante de las víctimas puso como ejemplo los pagos de servicios y trabajos realizados en el establecimiento. Aseguró que, mientras los clientes pagaban en efectivo por los servicios de la discoteca, determinadas empresas relacionadas con Espaillat asumían gastos que correspondían al funcionamiento o mantenimiento del negocio.
Mencionó específicamente a Difusora Hemisferio y Radio Cadena Comercial, señalando que la primera habría asumido pagos relacionados con los aires acondicionados y la segunda gastos de remodelación, además de tener en nómina a un empleado que, según afirmó, daba seguimiento a problemas que eran comunicados a Antonio Espaillat.
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“Es decir, que la discoteca en realidad estaba administrada por una empresa y, a través de esa, a otras empresas, todas absolutamente relacionadas a Antonio Espaillat López”, sostuvo.
Acosta afirmó que durante el juicio buscará demostrar que ese esquema empresarial tenía, además, una finalidad fiscal, mediante la facturación a nombre de otras sociedades de bienes y servicios adquiridos para la discoteca Jet Set.
La abogada adelantó que incluso utilizará pruebas aportadas por la propia defensa técnica para sustentar su planteamiento.
“Las pruebas aportadas por la propia defensa técnica lo van a demostrar aquí”, manifestó ante el tribunal.
Uno de los principales argumentos de la parte querellante es que identificar únicamente a una sociedad administradora o a la propietaria del inmueble podría dejar a las víctimas sin posibilidades reales de obtener una reparación económica, aun cuando eventualmente se produzca una condena penal.
“Si tomamos como única responsable a una administradora o a la propietaria de un inmueble que ni siquiera ha sido adecuada a la nueva ley de sociedades, nos vamos a encontrar con unas víctimas que podrían obtener una condena en materia penal, pero que en materia civil no tendrían absolutamente ningún resarcimiento”, advirtió.
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Por ello, Acosta pidió al tribunal prestar especial atención durante el desarrollo del juicio a las relaciones entre las distintas compañías vinculadas al establecimiento.
“Vamos a solicitarle al tribunal que observe de manera precisa, cuidadosa, profunda la existencia de este entramado societario”, indicó.
La jurista adelantó que la parte querellante y actora civil realizará posteriormente pedimentos sobre el fondo relacionados con esas empresas y procurará establecer por qué, a su entender, podrían tener responsabilidad en los hechos ocurridos en el Jet Set.
Mientras el Ministerio Público busca establecer la responsabilidad penal de los hermanos Espaillat por la tragedia, la parte querellante procura que el tribunal examine también la dimensión patrimonial del caso y determine quiénes podrían responder civilmente frente a las víctimas y sus familiares.
El juicio de fondo inició este viernes ante la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con la presentación de los alegatos de apertura de las partes.
