Charlie Mariotti jr somete proyecto de ley para fortalecer la libertad de expresión en el Código Penal

Santo Domingo.— El diputado Charlie Mariotti Jr. sometió ante el Congreso Nacional un proyecto de ley orgánica que busca modificar los artículos 208, 310 y 315 de la Ley núm. 74-25, Código Penal de la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales de la libertad de expresión, la prensa y la crítica ciudadana.

La iniciativa propone incorporar un principio de interpretación restrictiva en favor de la libertad de expresión y reformar las figuras penales de difamación, ultraje a la autoridad y desacato. En el caso de la difamación (art. 208), el proyecto exige que el hecho imputado sea falso, reconoce la protección a la crítica y al periodismo de interés público —con un estándar análogo al de “real malicia”— y elimina la prisión como sanción, dejando únicamente multa. Respecto al ultraje a la autoridad (art. 310), la tipificación se circunscribe a amenazas graves o actos de intimidación contra funcionarios, excluyendo expresamente la crítica, la protesta pacífica y el ejercicio periodístico. En cuanto al desacato (art. 315), la propuesta limita la figura a amenazas, violencia o incumplimiento deliberado de mandatos judiciales o legislativos, explicitando la exclusión de la sátira, la opinión política y la denuncia ciudadana.

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Los cambios planteados buscan adecuar esas conductas a los principios de legalidad, taxatividad, proporcionalidad e intervención mínima, y responder al reclamo de diversos sectores de la sociedad civil, el periodismo, la academia y gremios profesionales por mayores garantías para el ejercicio del derecho a informar y criticar.

Como medida de respaldo, Mariotti presentó además un segundo anteproyecto que modifica el artículo 393 de la Ley núm. 74-25 para ampliar en seis meses la vacatio legis del nuevo Código Penal. Esta extensión pretende asegurar el tiempo necesario para introducir ajustes constitucionales pendientes y para que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y demás actores del sistema de justicia se preparen adecuadamente antes de la entrada en vigor de la normativa.

Ambas iniciativas, indicó el legislador, persiguen el mismo propósito: garantizar que la reforma penal entre en vigencia de forma compatible con la Constitución, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos ciudadanos. El proyecto será remitido a las comisiones correspondientes para su estudio y debate.