Fijan para el 13 de agosto fallo contra Alexis Medina y demás imputados en caso de presunta corrupción

Santo Domingo.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el martes 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana, la lectura del fallo contra Alexis Medina Sánchez y los demás imputados en el expediente por presunto desvío millonario de fondos públicos a través de varias instituciones estatales, incluidas las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs).

Durante la audiencia celebrada este miércoles, Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, concluyó su turno de defensa tras casi dos horas de alegatos, en los que rechazó las acusaciones del Ministerio Público, alegando que su proceso judicial ha estado motivado por intereses políticos.

“Este caso es político. No hay pruebas que sustenten estas acusaciones. Lo que ha habido es abuso, presión mediática e intenciones de dañar mi nombre y el de mi familia”, declaró Alexis Medina al agotar su derecho a palabra.

Defensa cuestiona al Ministerio Público

Medina también denunció presuntas irregularidades en la investigación, señalando que la fiscalía ocupó ilegalmente un apartamento de su propiedad, ubicado en el Ensanche Paraíso, el cual, aseguró, adquirió legalmente en el año 2005.

En su intervención, el principal imputado y su defensa cuestionaron la legalidad de algunas pruebas presentadas y pidieron al tribunal actuar con discernimiento, independencia y ética judicial al momento de emitir su veredicto.

Concluidos los alegatos finales, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado se retiraron a deliberar, anunciando que el fallo será dado a conocer el 13 de agosto, en lo que se considera una de las primeras decisiones judiciales claves relacionadas con los denominados “expedientes de corrupción administrativa” llevados por la actual gestión del Ministerio Público.

Además de Alexis Medina, también figuran como imputados su hermana Carmen Magalis Medina Sánchez y otros exfuncionarios y empresarios, quienes son acusados de formar parte de una supuesta red que habría beneficiado irregularmente a través de contratos con entidades estatales.

El caso, que ha captado la atención nacional, forma parte del expediente denominado “Operación Antipulpo”, presentado en 2020 por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).