Santo Domingo, RD. – El periodista Hansel García realizó un profundo análisis sobre el macabro hallazgo de lo que parecía ser un lugar de protección. El desmantelamiento de una red de explotación que operaba bajo el disfraz de una entidad de acogida es el síntoma de una patología institucional que tanto García como todo el panel del programa Esto No es Radio Show han decidido diseccionar.
La gravedad de los hechos es espantosa: el rescate de 14 menores —cuyas edades oscilan desde los tres meses hasta los 13 años— fue el resultado de la huida heroica de un niño colombiano de 12 años. Este menor de edad, quien fue prácticamente raptado en El Seibo bajo promesas de una vida mejor, logró escapar hacia el cuartel de Hatillo con marcas de quemaduras y rasguños, denunciando un régimen de tortura medieval donde los niños eran obligados a permanecer hincados en un guayo (rallador), sufrían privación de alimentos y eran sometidos a castigos físicos severos. Por estos crímenes han sido detenidos Ángel Gabriel Capellán, un hombre de 69 años que utilizaba el alias de Ángel Gabriel Cabaña; Michael Emmanuel Alcántara, administrador del recinto; e Isaías Ramón Muñoz, el captador encargado de localizar familias vulnerables. No obstante, el análisis de García trasciende los arrestos para cuestionar el andamiaje que permitió la existencia de la supuesta «Fundación Restaurando Vidas, Un Muerto Que Revive».
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El vacío de fiscalización: La «Fundación» como Patente de Corso
La ausencia de controles rigurosos ha transformado a las organizaciones sin fines de lucro en zonas grises de la legalidad dominicana. Hansel García denuncia cómo el Estado ha permitido que menores de edad se vuelvan invisibles para el sistema administrativo y educativo.
«Resulta imperdonable que entidades como el Ministerio de Educación o los servicios de protección infantil no hayan detectado la ausencia de 14 niños de las aulas y los registros oficiales», expresó el profesional de la comunicación.
Esta ceguera burocrática convierte el término «fundación» en una licencia para el abuso, operando en condiciones que el periodista califica sin ambages como una «pocilga» o un «chiquero».
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«La palabra fundación te limpia muchas cosas… mucha gente aquí lo sabe. Utilizan la palabra fundación para limpiar muchas cosas».
El cuestionamiento del panel de Esto No es Radio es incisivo: ¿Cómo es posible que un centro con menores opere en la absoluta invisibilidad? La facilidad con la que se instrumentaliza esta figura legal para encubrir lo que García describe como un espacio similar a los «crack houses» estadounidenses, evidencia un fracaso total de la vigilancia estatal que debe ser subsanado con urgencia.
El barniz de Inmunidad religiosa y la instrumentalización de la fe
En la sociedad dominicana, la figura del «pastor» otorga un peso sociocultural que a menudo anula el juicio crítico. El análisis de García subraya cómo este rol funciona como un escudo protector, permitiendo que la sociedad «cierre los ojos» ante evidencias de abuso. Esta inmunidad permitió que el recinto funcionara simultáneamente como iglesia, albergue y, en realidad, un centro de explotación y prácticas tenebrosas.
El escenario descrito por el panel es dantesco: el periodista Ronnie de la Rosa reportó el hallazgo de manchas de sangre en las paredes y marcas de manos posiblemente ensangrentadas, sugiriendo la realización de ritos. Además, el lugar contaba con cuevas clandestinas en la parte trasera, supuestamente utilizadas para «rezar», y habitaciones que eran auténticas celdas, con puertas de hierro y candados colocados por fuera. Este entorno «hergastulado» revela una estrategia deliberada de control y terror bajo un manto de espiritualidad.
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«Cuando la comunidad entiende que un lugar tiene un carácter de adoración a Dios, eso le da como hasta cierto punto un barniz de inmunidad y de santidad. Y uno hasta se cierra los ojos de cualquier otra cosa porque ahí se adora al Señor».
La Pared de Haina: Entre la defensa ciega y el silencio cómplice
La sociología de las comunidades vulnerables en La Pared de Haina revela una relación compleja con figuras que se presentan como benefactores. García identifica una fractura comunitaria que permitió la longevidad de esta red desde el año 2016. Por un lado, una facción de vecinos defendía al pastor como un «filántropo» por el simple hecho de retirar niños de las calles, validando la operación sin auditar sus métodos.
Por otro lado, existe el reporte de residentes que admitieron escuchar «ruidos alarmantes» y «gritos en la madrugada» que no eran comunes, pero que nunca fueron formalizados ante las autoridades. Este silencio, alimentado por la falta de una red de vigilancia ciudadana efectiva y el respeto reverencial a la investidura religiosa, permitió que el ciclo de abuso se perpetuara, demostrando que la omisión comunitaria es tan letal como la inacción estatal.
El rechazo categórico a la explotación como método de «sustento»
Los derechos del niño son un valor no negociable en una democracia, y el análisis de Hansel García desmonta con ferocidad el argumento de los acusados. Los detenidos pretendían justificar el trabajo infantil alegando que los menores realizaban labores agrícolas, de albañilería y crianza de cerdos para el «sostenimiento» de la fundación. García es tajante: obligar a un niño a trabajar no es un acto de supervivencia, es abuso infantil y una forma de trata que anula su escolaridad y desarrollo integral.
«Sea lo que sea, un niño no puede trabajar… No está supuesto a trabajar. Es abuso infantil. No importa el tipo de trabajo… porque también infiere en su escolaridad y en su desarrollo integral propio de la edad que tiene el menor».
La supuesta intención «altruista» de la organización queda invalidada ante la realidad de menores convertidos en mano de obra forzada para beneficio de particulares que utilizaban el hambre como herramienta de captación.
Conclusión: Contra la romantización de la pobreza y la impunidad
El análisis final de Hansel García es un ataque frontal contra la indolencia colectiva y la romantización de la pobreza.
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«No se puede permitir que la miseria sea la justificación para la existencia de centros precarios que operan al libre albedrío, fuera de todo radar estatal. La vulnerabilidad de las familias dominicanas no debe ser la materia prima para supuestos benefactores que operan chiqueros humanos».
Este caso en La Pared de Haina es una exigencia de rendición de cuentas para los monitores estatales que permitieron que estos niños se desvanecieran del sistema. Los panelistas del espacio radial exigen que la investigación debe alcanzar el más alto nivel para garantizar que esta tragedia no se convierta en una estadística más de la impunidad.
