SANTO DOMINGO – En la entrega de este jueves del segmento «El trabuco», conducida por el periodista Hansel García, se revelaron escandalosos detalles sobre el rescate de 14 menores de edad que eran mantenidos en condiciones infrahumanas por la supuesta fundación «Restaurando Vidas», ubicada en el municipio de Haina.. El analista denunció enérgicamente la alarmante falta de un régimen de consecuencias en el país, lo que permitió que esta entidad operara en la clandestinidad y la total ilegalidad administrativa por más de diez años..
La justicia corresponde al Ministerio Público, no a Conani
García abordó las intervenciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). El periodista hizo referencia a la cronología del caso donde el Conani había intervenido y solicitó el cierre del establecimiento en tres ocasiones previas (en los años 2020, 2025 y inicios de 2026).
En un audio reproducido en el programa, la presidenta ejecutiva del Conani, Ligia Pérez Peña, aclaró las limitaciones de su competencia judicial al explicar el procedimiento llevado a cabo en un operativo previo:
«La oficina que nosotros tenemos en Haina adoptó a las autoridades judiciales, a la fiscalía, de la existencia de ese espacio donde tenían niños. Se hizo el operativo (…) los niños se devolvieron a sus familiares… En ese momento se estima que eran niños que sus familias los habían entregado voluntariamente».
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Durante el debate en el programa, Hansel García enfatizó sobre la función del Conani, la cual no es hacer justicia ni aplicar sanciones penales , ya que carece de facultades punitivas; esa es una responsabilidad que compite única y exclusivamente al Ministerio Público.
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El panel criticó que, tras las intervenciones del Conani, la fiscalía accionante se limitó a otorgar una amonestación y advertencia a los directivos del centro en lugar de procesarlos penalmente.
El caso, que estalló tras la huida nocturna de un adolescente de 12 años que logró alertar a las autoridades en San Cristóbal, dejó al descubierto el calvario de los menores de edad recluidos. Los psicólogos y médicos forenses determinaron que las víctimas sufrirían graves trastornos físicos y psicológicos, además de no asistir a la escuela. Según los expedientes presentados en el programa, los niños eran sometidos a trabajos forzosos agrícolas, de ebanistería y albañilería, y estaban encerrados en una habitación enrejada por fuera que funcionaba como celda de castigo si se negaban a trabajar o decían estar cansados.
Una supuesta clínica de rehabilitación que servía de guarida criminal
La investigación periodística de García también sacó a la luz que el recinto de la supuesta fundación constaba de tres edificaciones: el área de hacinamiento de los niños, un templo religioso y una tercera estructura destinada teóricamente a la rehabilitación de jóvenes adictos. No obstante, los residentes del sector de Haina denunciaron bajo fuerte temor que dicho espacio funcionaba en realidad como un refugio de delincuentes, prófugos de la justicia y expresionistas provenientes de zonas conflictivas como Las Flores, en San Cristóbal.
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Los testimonios de los comunitarios presentados por García fueron tajantes:
«No es así como dicen, que no hay niños aquí, aquí vienen gente delincuente, delincuente aquí adentro. (…) Esta supuesta fundación (…) se ha dado la tarea de traer delincuentes del país entero».
Los vecinos manifestaron vivir con constante miedo debido a que los supuestos pacientes deambulaban libremente por las calles, atemorizando a las familias de la zona que temen por la seguridad de sus hijos al ir a la escuela.
Actualmente, el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el principal directivo del centro, Ángel Miguel Capellán (conocido como «El Pastor» o «Ángel Cabaña»), y su cómplice Isaías Ramón Muñoz, bajo los cargos de maltrato físico, psicológico y tratamiento de personas.
