Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Andrés de Jesús Espinal Pérez (alias Mazazo) y Joan Adón, acusados de participar en varios hechos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025, incluyendo homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
Según la solicitud presentada por el fiscal José Ramón Martínez Cordero, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio) del Distrito Nacional, uno de los hechos más graves se registró el pasado 14 de julio de 2025, alrededor de las 7:15 de la noche. En esa ocasión, los imputados interceptaron a la víctima Yeral Augusto Féliz en la cañada de Bonavide, entre los sectores Guachupita y 27 de Febrero, donde le realizaron múltiples disparos que le causaron la muerte.
El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó que Féliz falleció a causa de una herida de arma de fuego en el tórax, que le provocó un choque hemorrágico interno y laceraciones pulmonares.
Además, al imputado Andrés de Jesús Espinal Pérez se le vincula a otro hecho ocurrido el 8 de septiembre de 2024 en la calle San Martín de Porres, también en el sector Guachupita. En ese incidente, realizó múltiples disparos junto a otra persona aún no identificada, hiriendo a un adolescente de 17 años en el hombro izquierdo. La lesión fue catalogada como curable en un período de 22 a 30 días, según certificó Inacif.
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Posteriormente, durante su arresto el 28 de septiembre de 2025, Espinal Pérez entregó una pistola calibre 9mm marca HI-Point, con cargador y diez cápsulas, sin documentación que acreditara su porte legal.
El Ministerio Público calificó los hechos como violaciones a los artículos 265, 266, 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, por asociación de malhechores y homicidio, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego. En relación con el hecho de 2024, también se imputan violaciones por tentativa de homicidio y lesiones personales.
Ante la gravedad de los hechos y el peligro de fuga, el órgano acusador solicitó al tribunal imponer prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados, al considerar que representan una amenaza para la seguridad pública.
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