Santo Domingo.– El presidente de la Fundación Primero Justicia y representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, Miguel Surún Hernández, cuestionó este jueves el nuevo aplazamiento de la audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción contra los imputados en el caso SeNaSa y advirtió que el proceso podría enfrentar consecuencias si el Ministerio Público no presenta oportunamente su acusación.
Surún Hernández explicó que las defensas de Santiago Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo alegaron que no estaban en condiciones para que se conociera la revisión obligatoria de las medidas de coerción, por lo que la audiencia fue nuevamente aplazada. La próxima fecha, según indicó, quedó fijada para el 5 de agosto.
El abogado y querellante dijo que existe preocupación porque, a su juicio, el proceso se encuentra en una etapa crítica, debido al vencimiento del plazo que entiende tenía el Ministerio Público para presentar la acusación formal y los elementos probatorios.
Entre las evidencias que, según Surún Hernández, deberían formar parte del expediente figuran los mensajes de WhatsApp y las comunicaciones contenidas en el teléfono de Santiago Hazim, en las que, aseguró, estarían identificadas personas que presuntamente recibieron dinero proveniente del esquema investigado con fines electorales.
“Esperamos que se presente uno de esos elementos probatorios, que es el WhatsApp y las comunicaciones e historial del teléfono del señor Santiago Hazim”, sostuvo Surún Hernández, quien aseguró que la organización que representa no aceptará como explicación que esas evidencias hayan sido eliminadas o que no se encuentren disponibles.
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El dirigente también reclamó que la investigación alcance a quienes, según sus declaraciones, habrían recibido recursos provenientes del supuesto entramado de corrupción y no únicamente a quienes están actualmente procesados.
El caso SeNaSa
El proceso se desprende de la denominada Operación Cobra, investigación mediante la cual el Ministerio Público acusa a un grupo de exfuncionarios y empresarios de haber participado en una estructura que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por más de RD$15,000 millones.
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Entre los principales imputados figura el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, contra quien el Ministerio Público ha presentado acusaciones relacionadas con presunta coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, falsificación y lavado de activos.
El expediente presentado por la Fiscalía también señala presuntas operaciones destinadas a ocultar ganancias ilícitas y atribuye a Hazim un supuesto enriquecimiento patrimonial injustificado.
Además, interrogatorios incorporados al proceso han recogido declaraciones según las cuales parte del dinero en efectivo proveniente del esquema de sobornos habría sido destinado al financiamiento de la campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Estas afirmaciones forman parte de las declaraciones de implicados y no constituyen por sí mismas una condena contra las personas señaladas.
En abril pasado, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra Hazim y otros imputados, al considerar que no habían variado las circunstancias que dieron origen a la medida. En ese momento, el tribunal había fijado el 30 de julio como fecha para la siguiente revisión obligatoria.
Mientras tanto, informaciones publicadas esta semana señalan que el Ministerio Público tenía como fecha límite el 30 de julio para depositar la acusación formal u otro requerimiento conclusivo contra los imputados. De no hacerlo, el Código Procesal Penal contempla un mecanismo de intimación para que la Procuraduría y los abogados del Estado presenten el requerimiento dentro de un plazo adicional.
“Esperamos justicia”
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Surún Hernández insistió en que las autoridades deben profundizar la investigación y determinar quiénes se beneficiaron de los recursos que, según el Ministerio Público, fueron sustraídos de SeNaSa.
También cuestionó la posibilidad de que se produzcan acuerdos entre el Ministerio Público y algunos de los imputados sin que se establezca, a su juicio, el destino final de los recursos.
“Nosotros queremos que haya justicia”, afirmó el querellante, al tiempo que sostuvo que el proceso no debe limitarse a los funcionarios y empresarios actualmente sometidos a la justicia.
Surún Hernández concluyó advirtiendo que la sociedad dominicana espera que el expediente avance y que se establezcan responsabilidades penales y económicas por el presunto desfalco contra la principal aseguradora pública de salud del país.
