Santo Domingo. –Una de las políticas más promovidas por el presidente Luis Abinader cuando estaba en campaña electoral era la promesa de que en un gobierno suyo se gozaría de un Ministerio Público independiente, en el cual no se permitirían las “vacas sagradas”, pues en ese entonces, el jefe de Estado fue enfático al precisar que todo el que viole la ley, sea de la actual o pasada gestión, sería sometido a la justicia.
A casi dos años de este periodo presidencial que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM), desde el 16 de agosto del 2020, muchos han sido los casos de presunta corrupción y entramado que ha destapado este órgano de justicia y por los que en la actualidad guardan prisión funcionarios del pasado gobierno.
Expedientes voluminosos, que según los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución y Corrupción Administrativa (PEPCA), Yeni Berenice y Wilson Camacho, contienen todas las pruebas necesarias para castigar a los que han cometido algún tipo de fraude en contra del Estado.
¿Pero quiénes, a pesar de ser responsables en estos casos, han quedado fuera de esos expedientes?
Iniciemos por la última acusación depositada hace unos días por el Ministerio Público, “Caso Medusa”, donde el principal imputado es el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión por supuestamente dirigir una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
Rafael Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República y uno de los hombres más cercanos al Jean Alain, fue arrestado en España en octubre del año pasado, pero no figura dentro del grupo que señala el Ministerio Público en la acusación formal del caso Medusa.
La razón es que, según fuentes cercanas al caso, habría negociado con el Ministerio Público, y gracias a esas colaboraciones se pudieron realizar las ultimas incautaciones.
Estos acuerdos se producen al amparo de la aplicación del Artículo 370.6 del Código de Procedimiento Penal Dominicano.
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El citado texto legal permite al Ministerio Público, con la autorización del juez o tribunal competente, “solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita».
A la luz de esta figura del derecho también se benefició al mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez, implicado en el entramado de corrupción Coral, junto a un grupo acusado de estafar al Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Girón obtuvo esta medida y se encuentra en una ubicación desconocida por razones de seguridad, luego de que accediera a cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Durante su intervención ante el tribunal, cuando se conocía la medida de coerción, Girón Jiménez explicó cómo los involucrados desarrollaban sus supuestas actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Entre esos hechos mencionó el abultamiento de la nómina, además de las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
El Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
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A mediados de junio pasado, también el Ministerio Público decomisó en favor del Estado dominicano 18 millones 400 mil pesos, mediante una sentencia firme, al acoger el criterio de oportunidad en favor de César Félix Ramos Ovalle, otro de los imputados en el caso Coral y Coral 5G.
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside la jueza Yanibet Rivas, ponderó valoró en esa ocasión que “una vez siendo investigado, colaboró con el Ministerio Público en el proceso de investigación, aportó elementos de pruebas y ha resarcido el daño al Estado con la devolución de 18 millones 400 mil pesos”.
Ramos Ovalle, quien tenía impuesta una coerción consistente en una garantía económica a través de una compañía aseguradora, resarció al Estado dominicano por las transacciones dolosas en las que participó. Además, que seguirá colaborando con los investigadores del caso de corrupción de Coral y Coral 5G.
“En su favor se extinguió la medida de coerción, la acción penal que pesaba contra él, porque una vez éste contactó la solidez de las imputaciones del Ministerio Público y los elementos de prueba, pues fue movido por su consciencia a colaborar con el Ministerio Público y este es el resultado de su colaboración”, dijo la magistrada.
En el caso de la Operación 13, cinco de los 11 imputados en el fraude a la Lotería entregaron al Ministerio Público parte del dinero obtenido producto de las ganancias por la comisión del sorteo de fraudulento del pasado 1 de mayo de 2021.
Según establece el expediente, el no vidente Miguel Mejía Rodríguez entregó la suma de 776 mil pesos a través de un familiar testigo llamado Máximo Antonio Medina Rodríguez en fecha 13 de mayo, cuando apenas iniciaban las investigaciones de este polémico caso.
Un mes después, Mejía Rodríguez fue sometido a la justicia por haber simulado la entrega del bolo ganador a la presentadora del sorteo de apuestas, Valentina Rosario Cruz. Desde entonces, Mejía Rodríguez cumple como medida de coerción la presentación periódica.
Rafael Mesa Nova, exchofer de la Lotería, sirvió para trasladar al no vidente a las reuniones y a su trabajo en la Lotería Nacional. El expediente establece que el pasado 21 de mayo devolvió 40 mil pesos a las autoridades.
Finalmente, la medida impuesta a él fue de presentación periódica.
El imputado Jonathan Augusto Brea Ovalles, quien fungía como supervisor de sorteos de la Lotería, entregó la suma de 510 mil pesos en 2021.
Carlos Manuel Berigüete Pérez, quien, en su calidad de soporte técnico de la Lotería Nacional, fue reclutado para la realización del fraude, devolvió 224 mil pesos.
En el caso particular de Felipe Santiago Toribio, alias Chago, reconocido apostador en prácticamente todos los juegos de azar, entregó 787 mil pesos en efectivo el 13 de junio. El 3 de mayo entregó un cheque emitido por el Consorcio de Banca de Lotería SRL por un valor de 966 mil, ese mismo día devolvió otro cheque de la banca La Esperanza a nombre de él de 1,035 millones.
No obstante, en fecha 23 de noviembre, un sobrino de Chago, Junior Toribio, entregó al MP un cheque a pagarse a favor de Juan Bourdierd, de 310,400 pesos endosado por Bourdierd y Junior que cobró.
Otro caso que lleva la Pepca es la Operación Antipulto, para desarticular un presunto entramado de corrupción en el que están incluidos Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado, y Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, a quienes se les acusa de malversar fondos estatales por al menos RD$4,000 millones desde el 2012 hasta el 2020,
De acuerdo a los informes, varios de los implicados en este expediente, entre ellos Francisco Pagán, han colaborado con el Ministerio Público en ese sentido.
“Al ser cuestionado el acusado Francisco Pagán Rodríguez, sobre los fondos obtenidos para la adquisición de tan lujoso apartamento, el mismo establece en un acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021, que su situación económica era difícil producto de algunas inversiones que había realizado, y que no habían salido como esperaba, lo cual le llevó a la quiebra. Por esa razón, para la adquisición del referido apartamento, recibió de parte de un funcionario público, por intermedio de un señor de nombre Kelvin Santiago, la suma de diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), que le fueron entregados en una funda negra”, señala la acusación del caso Anti Pulpo.
Según ha trascendido, Pagán realizó un acta de entrega voluntaria el 10 de diciembre del presente 2021, donde hace la devolución de los diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), a través de cinco cheques de administración: uno por RD$4,000,000.00; otro RD$1,827,000.00, de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos; otro por RD$2,000,000.00; otro por RD$800,000.00 y quinto por valor de RD$1,373,000.00 del Banco Popular Dominicano.
Otros casos que están en proceso son: Operación Caracol, Coral 5 G y Larva.
