Operadores de rifas y bancas ilegales enfrentarían penas de hasta 10 años de prisión

Santo Domingo.– El proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana, aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados y devuelto al Senado para su revisión, endurece el régimen de sanciones contra las operaciones ilegales de apuestas, estableciendo penas de hasta 10 años de prisión para las infracciones más graves.

La iniciativa, elaborada por el Poder Ejecutivo, crea un marco regulatorio para supervisar la actividad de los juegos de azar y combatir la operación de bancas y rifas clandestinas, una práctica que las autoridades consideran una fuente de evasión fiscal y competencia desleal.

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Entre las principales disposiciones figura un régimen escalonado de penas para quienes operen sorteos y juegos de azar sin autorización.

La propuesta establece penas de uno a dos años de prisión para quienes exploten juegos de azar sin la licencia correspondiente o fuera de los lugares autorizados por la ley. La misma sanción aplicaría a quienes comercialicen productos relacionados con quinielas o loterías mediante canales no regulados.

Las sanciones aumentan de dos a cinco años de prisión para quienes realicen la venta ambulante de sorteos o comercialicen terminales de quinielas y otros juegos de azar en establecimientos físicos que operen sin autorización.

Las penas más severas, de cinco a diez años de prisión, recaerán sobre quienes alteren o manipulen los resultados de las apuestas, así como en los casos en que se utilicen testaferros para ocultar al verdadero beneficiario de una licencia con el propósito de defraudar al Estado.

Nueva autoridad reguladora

El proyecto también dispone la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo autónomo y descentralizado adscrito al Ministerio de Hacienda, que tendrá la responsabilidad de regular, supervisar y fiscalizar todas las actividades vinculadas al sector.

La entidad estará dirigida por un Consejo Directivo encabezado por el ministro de Hacienda e integrado, entre otros funcionarios, por los ministros de Turismo, Interior y Policía, además del director general de Impuestos Internos.

Restricciones para operar

Como parte de las medidas de ordenamiento, la iniciativa prohíbe la instalación de establecimientos de juegos de azar a menos de 500 metros de escuelas, colegios, universidades, iglesias, hospitales, centros de salud, cuarteles policiales y recintos militares.

Asimismo, fortalece las medidas de protección al usuario al prohibir el acceso de menores de 18 años a establecimientos físicos y plataformas digitales de apuestas.

El proyecto también contempla la creación de un registro de autoexclusión para personas con problemas de ludopatía, obliga a los establecimientos a colocar relojes visibles para que los jugadores mantengan conciencia del tiempo transcurrido y restringe la publicidad dirigida a menores o aquella que relacione el juego con beneficios sociales.

Tras ser aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, el proyecto fue devuelto al Senado de la República para que conozca los cambios introducidos antes de completar el proceso legislativo.