La procuradora general advirtió que el 89 % de las mujeres asesinadas nunca había denunciado previamente y señaló que el 25 % de los feminicidas termina suicidándose.
Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló este jueves que 62 feminicidios se han registrado en República Dominicana en lo que va de 2026, una realidad que, a su juicio, evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y enfrentar las raíces culturales de la violencia contra las mujeres.
Durante su participación en el Encuentro Industrial “Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Reynoso destacó la importancia de que la nueva legislación haya tipificado el feminicidio.
“República Dominicana tipificó el feminicidio y era necesario. Nosotros tenemos en República Dominicana una realidad con los feminicidios”, expresó la magistrada durante su exposición ante representantes del sector empresarial.
La procuradora indicó que el 25 % de quienes cometen feminicidios posteriormente se suicida, un indicador que, combinado con la ausencia de denuncias previas en una gran proporción de los casos, plantea desafíos que trascienden el endurecimiento de las penas.
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Según Reynoso, el 89 % de las mujeres asesinadas nunca había denunciado previamente la situación de violencia que enfrentaba. En ese sentido, insistió en que la respuesta del Estado y de la sociedad no puede limitarse a las sanciones penales.
“Si tomamos esas dos variables llegamos a una sola conclusión: hay que trabajar la prevención, hay que desmontar una cultura machista”, sostuvo.
Más de 73 mil denuncias de violencia en 2025
Al dimensionar el problema, Reynoso informó que durante 2025 el Ministerio Público recibió unas 73,000 denuncias relacionadas con violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
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La magistrada aclaró que las cifras deben ser consideradas como indicadores de una problemática social que requiere intervenciones preventivas, además de la persecución y sanción de los responsables.
En materia de homicidios, explicó que el nuevo Código Penal amplía las circunstancias bajo las cuales estos hechos serán considerados agravados. Mientras el homicidio simple tendrá penas de 5 a 20 años de prisión, frente al rango anterior de 3 a 20 años, el homicidio agravado podrá ser castigado con 30 a 40 años.
Entre las nuevas circunstancias agravantes mencionó los homicidios cometidos contra niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas vulnerables por edad, enfermedad o discapacidad, así como aquellos perpetrados contra personas protegidas por órdenes de alejamiento.
También se contemplan como agravantes determinados asesinatos relacionados con procesos judiciales, entre ellos los cometidos contra testigos, querellantes, actores civiles o abogados debido a su participación en un caso.
Conflictos sociales detrás de seis de cada diez homicidios
Reynoso llamó además la atención sobre otra problemática: la violencia derivada de conflictos cotidianos. Aseguró que al menos seis de cada diez homicidios registrados en el país están relacionados con conflictos sociales.
Indicó que la tasa de homicidios se sitúa en 7.4, y que alrededor del 60 % de esos hechos se origina en situaciones como disputas por estacionamientos, accidentes de tránsito, diferencias entre vecinos o altercados en lugares donde se consumen bebidas alcohólicas.
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Asimismo, señaló que durante 2025 fueron recibidas más de 26,000 denuncias por amenazas de muerte.
“Son conflictos que la mayoría de las sociedades, las personas los resuelven con una conversación corta, y aquí se está llevando hasta el delito más grave, que es el homicidio”, manifestó.
Encuentro sobre nuevo Código Penal
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el encuentro organizado por la AIRD para analizar junto al sector industrial las implicaciones de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, particularmente en materia de seguridad jurídica, competitividad y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, sostuvo durante la actividad que la nueva legislación representa uno de los cambios institucionales más relevantes de los últimos años y obliga a las empresas a prestar mayor atención al denominado riesgo penal empresarial.
Brache planteó que las compañías deberán fortalecer sus mecanismos de prevención y cumplimiento, mediante la identificación de riesgos, controles internos, capacitación del personal, mecanismos de denuncia e investigación de posibles irregularidades.
Reynoso, por su parte, explicó que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no debe traducirse en el cierre indiscriminado de empresas formales. Señaló que la disolución debe reservarse para casos de gravedad extrema o compañías constituidas específicamente para delinquir.
La actividad forma parte de los esfuerzos de la AIRD por orientar al sector productivo sobre las nuevas disposiciones penales y promover un diálogo sobre su aplicación, el debido proceso, la competencia leal y la seguridad jurídica en República Dominicana.
