Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este jueves que la aplicación del nuevo Código Penal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas no tienen como objetivo provocar el cierre de empresas que operan legalmente, sino establecer consecuencias frente a organizaciones utilizadas para cometer delitos.
Durante el Encuentro Industrial “Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Reynoso explicó que la disolución de una compañía debe reservarse para situaciones de gravedad extrema o cuando una investigación determine que fue constituida con el propósito de delinquir.
“El objetivo principal de la pena es lograr la reinserción social, por eso el objetivo de un proceso penal, salvo en los casos de gravedad extrema, no debe ser el cierre o la disolución de una empresa”, sostuvo.
Empresas de carpeta y crimen organizado
La magistrada señaló que el país ya cuenta con experiencia en la imposición de sanciones a personas jurídicas mediante la legislación contra el lavado de activos. Indicó que cerca de 100 empresas han sido llevadas a disolución desde 2020, y aseguró que la mayoría corresponde a compañías de carpeta vinculadas al crimen organizado.
Precisó que estas organizaciones se diferencian de las empresas formales que pagan impuestos, generan empleos y producen riqueza, debido a que suelen funcionar como fachadas para actividades ilícitas.
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Reynoso advirtió que este tipo de estructuras no solamente representa una amenaza para la seguridad, sino también para la competitividad empresarial, debido a que pueden ofrecer productos y servicios a precios artificialmente bajos al operar fuera de las obligaciones tributarias, laborales y legales que cumplen las compañías formales.
La procuradora destacó además varias garantías incorporadas en el nuevo marco penal, entre ellas el principio de no duplicidad, que impide que una persona sea juzgada o sancionada dos veces por el mismo hecho; el principio de favorabilidad hacia la persona imputada y el de lesividad.
Sobre este último, explicó que una conducta solo puede considerarse punible cuando lesiona o pone realmente en peligro un bien jurídico protegido, como la vida o los bienes.
AIRD advierte sobre nuevo riesgo penal empresarial
De su lado, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, consideró que la entrada en vigor del nuevo Código Penal constituye uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años y tendrá implicaciones directas para el sector productivo.
Brache resaltó que uno de los principales cambios es precisamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que obliga a las compañías a incorporar con mayor fuerza el concepto de “riesgo penal empresarial” dentro de sus modelos de gestión.
Afirmó que ya no será suficiente con disponer de manuales, códigos o protocolos, sino que las organizaciones deberán identificar riesgos, establecer controles, capacitar a sus empleados, habilitar mecanismos de denuncia, investigar irregularidades y documentar adecuadamente sus procesos.
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“Las empresas necesitamos reglas claras y una aplicación de la ley previsible, proporcional y apegada al debido proceso. La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir”, manifestó.
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El presidente de la AIRD sostuvo que el nuevo escenario supone mayores responsabilidades para el empresariado, pero también una oportunidad para fortalecer la gestión interna, reducir riesgos y proteger la reputación de las compañías.
Brache consideró necesario que la implementación del Código esté acompañada de información, prevención, orientación y diálogo, especialmente para aclarar los estándares de cumplimiento que deberán observar las empresas y la forma en que el nuevo régimen será aplicado a las pequeñas y medianas empresas.
El encuentro, celebrado este 3 de septiembre, reunió al sector industrial para analizar los efectos que tendrá la nueva legislación penal sobre las empresas y su incidencia en la seguridad jurídica, la competencia leal y el clima de inversión en República Dominicana.
