Piden profundizar investigación de SeNaSa 2.0 y determinar posibles nuevos implicados

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, y el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, coincidieron en que las investigaciones del caso SeNaSa 2.0 deben continuar para determinar si existen otras personas con algún nivel de responsabilidad, tanto en el sector público como en el privado.

Blanco García sostuvo que, además de las indagatorias por presunta corrupción administrativa, deben profundizarse las investigaciones sobre posibles irregularidades en el sector privado que, según planteó, pudieron afectar el acceso de personas a servicios de salud.

“Que se le negó servicio a personas, estamos hablando de que la dignidad de la salud también se denegó”, expresó la representante de Participación Ciudadana, al considerar que estos señalamientos deben ser investigados a profundidad.

Investigación SeNaSa 2.0

Blanco García señaló que corresponde al Ministerio Público determinar, a partir de las evidencias recopiladas, si existen más personas involucradas en SeNaSa 2.0 y cuáles responsabilidades podrían derivarse de sus actuaciones.

Asimismo, manifestó que quienes hayan tenido alguna responsabilidad deben responder por sus acciones y consideró que el proceso debe desarrollarse sin que exista un “manto de impunidad”.

De su lado, Potentini consideró que el expediente debe continuar ampliándose y respaldó la posibilidad de que surjan nuevas fases de investigación si el Ministerio Público encuentra elementos que las justifiquen.

“Deberán haber tantos SeNaSa como sea necesario: el 3, el 4, el 5, todas las denominaciones o números que se le quieran poner”, manifestó el presidente del CARD.

Posibles nuevos implicados

El jurista sostuvo que las autoridades deben determinar el alcance de los recursos presuntamente afectados y establecer las responsabilidades individuales correspondientes.

Potentini señaló que las cifras preliminares que maneja rondan los 40 millones de pesos. Esta cantidad corresponde a lo expresado por el jurista y deberá ser determinada dentro del proceso de investigación.

El presidente del CARD calificó SeNaSa 2.0 como un caso de gran impacto para el país y afirmó que, a su juicio, las investigaciones deben llegar “hasta las últimas consecuencias”.