Sindicato de choferes de Higüey denuncia presuntas presiones de grupos del transporte sobre jueza

Higüey, La Altagracia. – El Sindicato de Choferes Propietarios de Autobuses de la Provincia La Altagracia (SICHOPROLA) solicitó este lunes al presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, magistrado Luis Henry Molina, y a los demás miembros de ese organismo, que investiguen la actuación de la jueza Yuri Isabel Espino Geneux, del Tribunal de Tierras de esta jurisdicción, tras un fallo que, a su juicio, contradice una sentencia anterior emitida por ella misma.

La petición fue hecha a través de una comunicación firmada por el secretario general de SICHOPROLA, Leonte Torres Jiménez, quien asegura que la magistrada podría estar siendo objeto de amenazas por parte de la Asociación de Transporte de la Provincia La Altagracia (APTPRA) y del denominado Grupo APTPRA, a quienes calificó como una “banda delincuencial” vinculada a casos de narcotráfico.

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Ante la prensa Torres Jiménez, responsabiliza el exasesor de transporte del Poder Ejecutivo, Guido Cabrera Martí, de las presuntas amenazas.

En la carta, Torres recuerda que el 26 de febrero de 2024 la jueza Espino dictó la sentencia 1862-2024-00067, la cual estableció de manera irrevocable que él era el secretario general con calidad para representar a SICHOPROLA, y que Julián Fernández había sido expulsado del gremio desde el año 2011, por lo que no podía ostentar dicho cargo.

Esa decisión, según el dirigente sindical, fue notificada a las partes y depositada en el Registro Municipal de Higüey en junio de 2024. Sin embargo, el 28 de julio de 2025 la misma jueza emitió la sentencia 1862-2025-00338, en la que declaró inadmisible una nueva demanda presentada por SICHOPROLA, alegando falta de calidad de Torres en su condición de secretario general y reconociendo a Julián Fernández en esa posición.

“Luego de haber tenido una sentencia definitiva donde la jueza verificó las pruebas y nos dio la razón, ahora aparece diciendo lo contrario. Eso nos preocupa porque entendemos que pudiera estar siendo intimidada por personas ligadas a grupos del transporte con antecedentes criminales”, manifestó Torres en el documento.

El sindicato pidió al Poder Judicial confirmar si se ha conocido la denuncia presentada el 7 de marzo de 2025 contra la jueza Karina Colomé Abreu y garantizar la seguridad e independencia de los magistrados que llevan casos relacionados con el transporte en la provincia La Altagracia.