Santo Domingo.– La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó preocupación por las consecuencias de las recientes decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y advirtió sobre la participación de las mujeres en la Suprema Corte de Justicia.
La organización se pronunció luego de que el CNM confirmara a cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia sometidos a evaluación y decidiera no confirmar a Vanessa Acosta Peralta y Francisco Antonio Jerez Mena.
Según ROI, las cinco personas confirmadas son hombres. Con la salida de Acosta y las demás vacantes producidas en la alta corte, permanecerían únicamente dos mujeres, Yorlin Vásquez y Miguelina Ureña, de un total de 17 integrantes una vez completada la matrícula.
Suprema Corte y mujeres
Para ROI, este resultado debe ser corregido en las próximas designaciones. La organización señaló que la Constitución establece la participación equilibrada de mujeres y hombres en la administración de justicia.
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De acuerdo con la entidad, durante la última década la Suprema Corte estuvo integrada por cuatro mujeres hasta diciembre de 2025, cuando la cifra aumentó a cinco.
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ROI consideró que la actual situación plantea cuestionamientos en torno al cumplimiento del mandato constitucional y sostuvo que las seis vacantes representan una oportunidad para corregir el desequilibrio.
La organización también consideró indispensable que el CNM publique las actas y motivaciones que permitan conocer los criterios utilizados para confirmar o no a los jueces evaluados.
A su juicio, la ciudadanía debe tener acceso a las razones que sustentan decisiones con incidencia directa en la composición, independencia y legitimidad del máximo órgano del Poder Judicial.
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Suprema Corte: criterios
ROI recordó que la Constitución exige que tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte provengan de la carrera judicial y una cuarta parte de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.
La organización consideró que la carrera judicial debe valorarse como mecanismo de profesionalización y como una posibilidad real de ascenso dentro del Poder Judicial, sin que esto sustituya la evaluación integral de la idoneidad de cada candidatura.
En ese sentido, planteó que las próximas designaciones deben responder a criterios objetivos de trayectoria, independencia e imparcialidad, integridad, capacidad jurídica y compromiso con la institucionalidad.
Estos elementos forman parte de la matriz de evaluación desarrollada por ROI, que pondera especialmente la independencia, imparcialidad y conciencia ética de las candidaturas.
Sobre la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, la organización sostuvo que su selección requiere un estándar riguroso que contemple solvencia jurídica, trayectoria profesional, independencia, integridad, liderazgo institucional, capacidad de gestión y construcción de consensos.
También señaló como aspectos relevantes el compromiso con los derechos humanos, la transparencia y la institucionalidad democrática, así como la capacidad para defender la autonomía del Poder Judicial y conducir su modernización.
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Suprema Corte y vacantes
ROI señaló que la no confirmación de Francisco Jerez, hasta ahora presidente de la Sala Penal, hace especialmente relevante observar quién asumirá la conducción de esa instancia.
La organización consideró que, debido a los procesos penales que corresponde conocer a esa sala, su integración y liderazgo deben ofrecer garantías reforzadas de independencia.
“Las seis vacantes representan una oportunidad para corregir el desequilibrio de género y fortalecer la independencia y profesionalización de la Suprema Corte. El reto del CNM es conformar una Corte equilibrada, independiente y legitimada por la calidad de sus integrantes y por la transparencia del proceso de selección”, afirmó ROI.
La Red informó que continuará dando seguimiento a las postulaciones y evaluaciones conforme a su matriz metodológica, que incluye trayectoria profesional, independencia, integridad, visión jurídica, compromiso con los derechos humanos, transparencia e institucionalidad.
