El movimiento sostiene que más de 26 organizaciones mantienen su personería jurídica y reciben recursos públicos pese a no superar el umbral electoral ni obtener representación propia.
Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) conoce una demanda en nulidad interpuesta por el proyecto Visión Nación contra una resolución que, según sus representantes, permitió mantener la personería jurídica y el acceso al financiamiento público de más de 26 partidos y movimientos que no alcanzaron el 1 % de los votos ni obtuvieron representación propia.
El abogado Carlos Mesa explicó que la acción busca que el tribunal determine si esas organizaciones cumplen con las condiciones legales para conservar su reconocimiento y recibir recursos del Estado.
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“Por primera vez en la historia, el Tribunal Superior Electoral está conociendo de una demanda en nulidad contra la resolución que incluyó más de 26 partidos y movimientos que no alcanzaron el umbral del 1 %, ni tuvieron ningún representante”, sostuvo Mesa.
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Indicó que la Junta Central Electoral (JCE) y las organizaciones políticas señaladas fueron incluidas en el proceso como intervinientes forzosos, por lo que deberán presentar sus argumentos ante la jurisdicción electoral.
Mesa afirmó que el planteamiento de Visión Nación se sustenta en que las organizaciones que no hayan alcanzado el umbral establecido por la legislación ni obtenido representación electoral no deberían conservar su personalidad jurídica ni acceder al financiamiento estatal.
A su juicio, algunos partidos y movimientos han encontrado mecanismos para mantenerse de manera indefinida dentro del sistema y continuar recibiendo fondos públicos pese a no contar con suficiente respaldo electoral.
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De su lado, José Christopher, representante de Visión Nación, denunció que existe un trato desigual en la aplicación de las disposiciones electorales, al señalar que mientras a determinadas organizaciones se les ha retirado el reconocimiento por no cumplir los requisitos, otras permanecen dentro del sistema debido a los resultados obtenidos mediante alianzas.
Christopher planteó que debe respetarse el umbral del 1 % contemplado en la legislación electoral para mantener la personería jurídica y acceder a los recursos públicos. Asimismo, sostuvo que, cuando una organización no alcanza ese porcentaje, la representación obtenida para acreditar su fuerza electoral debe ser propia y lograda en su casilla, no producto de la acumulación de votos mediante alianzas.
En ese sentido, alegó que existen partidos que actualmente reciben “millones y millones de pesos” del erario sin haber cumplido, a su entender, con las condiciones establecidas en la normativa y en decisiones de las altas cortes.
Visión Nación sostiene que el resultado del proceso podría provocar cambios importantes en el sistema de partidos políticos y en la distribución del financiamiento estatal, en caso de que el TSE acoja los argumentos presentados en la demanda.
La acción judicial coloca nuevamente en discusión los criterios utilizados para determinar cuáles organizaciones políticas pueden conservar su personería jurídica y beneficiarse de los recursos económicos que el Estado destina al sistema de partidos.
Entre las organizaciones señaladas figuran el Partido de Unidad Nacional (PUN), con 0.97 % de los votos válidos; Justicia Social (JS), con 0.92 %; Alianza País (AlPaís), con 0.66 %; Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), con 0.62 %; Partido Cívico Renovador (PCR), con 0.62 %; Generación de Servidores (GenS), con 0.55 %; y el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), con 0.53 %. Según la resolución mostrada, a cada una de estas organizaciones le corresponde una asignación de RD$3,927,272.73 para el período enero-diciembre de 2026, pese a registrar individualmente menos del 1 % de los votos válidos.
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Estos datos están contenidos en la Resolución 01-2026 de la Junta Central Electoral que establece los montos de la contribución económica estatal a las organizaciones políticas para 2026.
Visión Nación plantea cambios al sistema político dominicano
El Proyecto Visión Nación, encabezado por José Cristopher Ramírez, ha desarrollado una agenda enfocada en cuestionar aspectos del sistema político y electoral de República Dominicana, con propuestas dirigidas a modificar el funcionamiento de las organizaciones partidarias y ampliar la participación ciudadana.
Entre sus principales planteamientos se encuentra la defensa de las candidaturas independientes. En marzo de 2026, la organización y el Foro Permanente de la Candidatura Independiente depositaron recursos ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar una iniciativa legislativa que buscaba eliminar esta figura del sistema electoral.
Visión Nación sostiene que las candidaturas independientes constituyen una vía de participación política fuera de las estructuras tradicionales de los partidos. La organización ha argumentado que cualquier modificación a esta figura debe realizarse respetando la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional.
La organización también ha cuestionado el funcionamiento del sistema de partidos y el financiamiento público que reciben las agrupaciones políticas. En septiembre de 2026, José Cristopher planteó retirar el financiamiento estatal y la personería jurídica a 96 organizaciones políticas minoritarias que, según sus señalamientos, funcionan como “partidos bisagra” o estructuras de conveniencia.
Otro de los procesos impulsados por Visión Nación se desarrolla ante el Tribunal Superior Electoral, donde la organización ha promovido acciones relacionadas con la permanencia de partidos y movimientos políticos que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votos establecido por la legislación electoral.
En agosto pasado, el Tribunal Superior Electoral rechazó una solicitud de medida cautelar presentada por Visión Nación y José Cristopher Ramírez para suspender una resolución de la Junta Central Electoral sobre la distribución de los fondos públicos destinados a los partidos políticos durante 2026.
Los planteamientos de Visión Nación colocan a la organización dentro del debate sobre la reforma del sistema político dominicano, particularmente en temas como la representación electoral, el financiamiento estatal de los partidos y las alternativas de participación ciudadana fuera de las estructuras partidarias tradicionales.
