Por décadas era costumbre que los cambios en las instituciones del Poder Ejecutivo se produjeran en víspera del 27 de febrero o al cumplirse un año de mandato, los 16 de agosto. Pero esta tradición ha sido descontinuada desde el pasado Gobierno, solo con muy pequeñas excepciones que se pueden contar con los dedos de una mano.
Hoy, a dos años de Luis Abinader haberse juramentado como presidente, sus simpatizantes y demás ciudadanos piden cambios en mayor número de Ministerios, Direcciones Generales, Consejos y otras oficinas públicas, lo que en diversas encuestas es justificada por ineficiencias de sus incumbentes, mientras que otros también lo solicitan para darle oportunidades a quienes están fuera y esperan poder servir al presidente, por el cual hicieron campaña y quieren volver a hacerlo en una posible contienda reeleccionista.
Dicen que existe una gran cantidad de decretos en el despacho presidencial, los cuales esperan de firma para ser emitidos, donde dejarían sin funciones al actual ministro de Energía y Minas, al administrador de Edenorte, al canciller de la República, el de Propeep, entre otros que los propios legisladores oficialistas han aclamado y denunciado.
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