La discusión sobre un posible reajuste de la tarifa eléctrica vuelve en un momento especialmente delicado. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 plantea retomar los ajustes suspendidos desde 2022 para acercar la tarifa al costo real del servicio, aunque el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aclara que actualmente no existe una decisión para ejecutarlos. El problema es que, mientras se habla de sostenibilidad financiera, muchos hogares sienten que ya están pagando más: clientes de Edesur han denunciado incrementos de hasta 200 % en sus facturas.
Las cifras explican por qué el tema no puede seguir aplazándose. Entre 2014 y 2024, el Estado transfirió RD$505,629 millones para cubrir el déficit de las tres distribuidoras y, solo hasta el 14 de agosto de este año, el subsidio eléctrico había consumido RD$78,800 millones. A mayo, las pérdidas de las EDE alcanzaban 38.9 % en conjunto: 56 % en Edeeste, 31.6 % en Edesur y 26.1 % en Edenorte. El investigador de la UASD José Luis Moreno de San Juan considera que un reajuste resulta necesario ante el costo de los combustibles y una tarifa congelada desde abril de 2022.
Pero reconocer que la tarifa necesita revisión no significa entregarles la factura de la ineficiencia a quienes pagan todos los meses. Antes de pedir un sacrificio adicional a las familias y empresas, las distribuidoras tienen que demostrar resultados contundentes en reducción de pérdidas, cobro, medición, mantenimiento y calidad del servicio. No puede normalizarse que casi cuatro de cada diez unidades de energía se pierdan y que la respuesta principal sea buscar más dinero en el bolsillo del usuario. Mucho menos cuando persisten apagones, reclamos por facturación y diferencias enormes de desempeño entre una distribuidora y otra.
El país necesita una tarifa sostenible, sí, pero también EDE sostenibles. Si eventualmente llega un reajuste, deberá ser gradual, transparente, técnicamente explicado y acompañado de protección para los hogares más vulnerables. Al mismo tiempo, el Gobierno debe presentar metas públicas y verificables para bajar las pérdidas y mejorar el servicio. El déficit eléctrico no puede seguir convirtiéndose en un cheque en blanco del presupuesto nacional, pero tampoco puede resolverse con la salida más fácil: cobrarle más a quien ya paga.
