Ministerio Público recurrirá fallo que absolvió a madre de Núñez de Aza en casos Coral y Coral 5G

Santo Domingo.- El Ministerio Público anunció que apelará la absolución dictada a favor de Rosa Antonia Disla, madre del coronel Rafael Núñez de Aza, en el proceso judicial correspondiente a los casos Coral y Coral 5G, al considerar que existen méritos suficientes para revertir la decisión emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Los jueces de ese tribunal absolvieron a Disla de las acusaciones de testaferrato y lavado de activos que pesaban en su contra dentro del expediente que investiga una presunta red de corrupción administrativa. Además, rechazaron la solicitud del Ministerio Público de incautar y decomisar sus bienes.

La información fue ofrecida por representantes del órgano acusador al concluir la audiencia celebrada en esa jurisdicción, donde adelantaron que interpondrán un recurso de apelación contra el fallo.

Puedes leer: Absuelven a Rosa Disla, madre del coronel Núñez de Aza, en caso Coral y Coral 5G

Este proceso judicial se produce luego de que, el año pasado, la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anulara la sentencia que había condenado a Disla a cinco años de prisión suspendida y ordenara la celebración de un nuevo juicio para una nueva valoración de las pruebas presentadas.

El coronel Rafael Núñez de Aza es señalado por el Ministerio Público como el presunto cerebro financiero de la supuesta estructura de corrupción que habría operado desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), con ramificaciones en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Los casos Coral y Coral 5G involucran a varios imputados, entre ellos el general Adán Cáceres, señalado como el principal cabecilla de la supuesta red. Según el Ministerio Público, esta estructura habría estafado al Estado dominicano con más de 4 mil 500 millones de pesos.

Para los principales acusados, el órgano persecutor solicita condenas de hasta 20 años de prisión, además del pago de multas equivalentes a 400 salarios mínimos.

Con la decisión de apelar la absolución, el Ministerio Público mantiene activa la disputa judicial en uno de los procesos por presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en el país.