Hombre es enviado a prisión preventiva por presunto fraude tributario de US$21 millones en Panamá
Panamá.– Un hombre de 34 años fue enviado a detención provisional por su presunta participación en una trama que habría provocado pérdidas superiores a los US$21 millones a la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá, mediante la creación de créditos fiscales ficticios.
La medida fue ordenada por la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, durante una audiencia celebrada el jueves 10 de septiembre. Al imputado se le atribuyen los delitos de corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada.
El tribunal consideró necesaria la detención del hombre debido, entre otros factores, al peligro de fuga, la posible afectación de pruebas y el riesgo para la sociedad. El proceso continúa bajo investigación y el imputado mantiene la presunción de inocencia.
Investigan presuntos sobornos a funcionarios
La investigación se inició en 2023 y apunta a que el sospechoso habría entregado dinero a servidores públicos de la DGI a través de cuentas bancarias y otras modalidades de pago.
A cambio, los funcionarios presuntamente habrían intervenido la plataforma tributaria para incorporar créditos fiscales sin respaldo legítimo. Estos créditos podían utilizarse para reducir artificialmente las obligaciones tributarias, ocasionando pérdidas al Estado.
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Las autoridades no han precisado cuántos funcionarios estarían involucrados, la cantidad de operaciones realizadas ni las personas o empresas que se habrían beneficiado. La investigación patrimonial, bancaria y tecnológica continúa abierta.
Ministerio Público busca reconstruir la ruta del dinero
El Ministerio Público deberá determinar cómo se habría movilizado el dinero presuntamente entregado a los funcionarios, identificar las modificaciones realizadas en el sistema tributario y establecer quiénes utilizaron los créditos fiscales.
Asimismo, los investigadores tendrán que demostrar la existencia de una organización con división de funciones para sustentar la imputación por delincuencia organizada.
El caso vuelve a poner bajo atención la seguridad de los sistemas tecnológicos utilizados para administrar los recursos públicos y la necesidad de fortalecer los controles sobre los accesos y modificaciones efectuadas en las plataformas tributarias hombre .
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