Santo Domingo.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por su presidente Manuel María Mercedes, acudió este martes al Palacio Nacional junto a representantes de la Asociación de Productores de Bonao y moradores del sector Las Flores de Pantoja, quienes buscan que el Gobierno atienda varias demandas relacionadas con la propiedad de terrenos y las condiciones de sus comunidades.
La organización informó que entregaría al presidente Luis Abinader una comunicación en la que solicita su intervención ante la situación de los productores de Bonao, algunos de los cuales, según denunciaron, llevan entre 10 y 15 años establecidos en la zona y han enfrentado desalojos, derribo de propiedades y apresamientos.
La Comisión pidió que se les permita continuar trabajando y produciendo alimentos de la canasta básica, al considerar que esto también contribuiría a enfrentar el alto costo de los productos de primera necesidad.
Mientras que los moradores de Las Flores de Pantoja reclaman una solución definitiva a la situación jurídica de los terrenos donde viven.
De acuerdo con una comunicación de fecha 7 de septiembre de 2026, entregada por la Junta de Vecinos La Unión al presidente Abinader, la comunidad lleva más de 14 años esperando una solución.
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En el documento, los comunitarios solicitan una declaratoria de utilidad pública y/o interés social del sector Las Flores de Pantoja, incluyendo los terrenos destinados a la construcción de un centro educativo que, según explican, llevan años esperando.
“Nuestra petición no se limita únicamente a la construcción de una escuela. Lo que solicitamos es una solución de Estado para Las Flores de Pantoja”, establece la comunicación.
Los residentes aseguran que numerosas familias han establecido sus hogares y desarrollado sus vidas durante años en el sector, pero una parte importante continúa viviendo bajo incertidumbre respecto a la situación jurídica de los terrenos.
Según la Junta de Vecinos, esta situación ha generado preocupación durante años y ha dificultado el desarrollo organizado y seguro de la comunidad, afectando la tranquilidad y las expectativas de numerosas familias.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que anteriormente acompañó a los moradores hasta la Presidencia para depositar documentación sobre el reclamo, pero afirmó que todavía no han recibido una respuesta oficial.
El representante de la organización advirtió que, si no reciben respuesta, podrían producirse nuevas movilizaciones en el sector.
“Las peticiones conforme a la Constitución y los pactos internacionales deben ser respondidas. Hasta ahora ellos no han sido respondidos”, manifestó.
Derechos Humanos también cuestionan política contra la delincuencia
Durante la jornada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también cuestionó la estrategia utilizada por las autoridades para enfrentar la delincuencia en el país.
El representante calificó como un “fracaso” las políticas aplicadas y sostuvo que las ejecuciones durante supuestos intercambios de disparos no constituyen una solución al problema de la criminalidad.
La organización planteó que el Estado debe revisar su política de seguridad ciudadana y concentrarse también en las causas sociales que inciden en la violencia y la delincuencia.
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Entre esas causas mencionó la falta de oportunidades de empleo y educación para los jóvenes, así como la necesidad de desarrollar políticas públicas dirigidas a quienes no estudian ni trabajan.
“El problema no está en las sábanas. El problema está en el modelo económico, social y político que ha instalado la República Dominicana”, expresó.
La entidad insistió en que cualquier estrategia de seguridad debe respetar la Constitución y el debido proceso, al tiempo que llamó a las autoridades a trabajar en políticas públicas que atiendan las causas sociales que, según su planteamiento, contribuyen a la inseguridad.
