Hoepelman denuncia choque entre Tribunal Constitucional y Senado por reforma al Código Procesal Penal

Santo Domingo.- El destacado jurista José Martínez Hoepelman alertó sobre un enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Senado de la República, provocado por el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP), que podría representar un riesgo constitucional crítico para el país. La denuncia fue hecha durante una entrevista en el programa LA MIRADA, transmitido por RDTV.

Martínez Hoepelman advirtió que el Senado estaría desafiando los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, al proponer modificaciones que contravienen las garantías establecidas para los derechos fundamentales en el CPP. Esta pugna, según él, puede interpretarse como una insurrección contra la autoridad constitucional.

Uno de los puntos más preocupantes es la ampliación de las causales y duración de la prisión preventiva. El proyecto añade la “reiteración delictiva” como requisito para aplicar esta medida y extiende su duración máxima hasta tres años en casos complejos, lo que podría convertir la prisión preventiva en una pena anticipada, violando la Constitución.

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Además, el proyecto incrementa el plazo razonable para la duración de los procesos penales complejos, pasando de cuatro a seis años, lo que junto a la prolongación de la prisión preventiva podría vulnerar el derecho a ser juzgado en un tiempo justo.

Martínez Hoepelman también criticó la ampliación del criterio de oportunidad para el Ministerio Público, que permite excluir del proceso penal casos con penas hasta cinco años, lo que podría afectar el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva.

A pesar de estos riesgos, el jurista reconoció que el proyecto incluye avances, como la consideración del error en la valoración de pruebas para apelar y plazos más claros para la comunicación de evidencias a la defensa.

Finalmente, hizo un llamado a los legisladores para evitar una crisis político-jurídica, respetar la autoridad del Tribunal Constitucional y garantizar que la reforma al Código Procesal Penal fortalezca, y no debilite, el Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución.