Santo Domingo.– Cerca de una decena de jueces han sido destituidos o separados de la judicatura por faltas graves durante la gestión de Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La cifra fue ofrecida por el propio Molina durante un encuentro con periodistas de la fuente judicial, en el que defendió la aplicación de medidas disciplinarias bajo reglas claras y con respeto a las garantías de los magistrados sometidos a investigación.
El presidente de la SCJ sostuvo que estos procesos no deben convertirse en escenarios de presión pública ni politización. Afirmó que las decisiones deben adoptarse mediante procedimientos que respeten el debido proceso y los derechos fundamentales de los jueces.
Molina señaló además que durante su administración se dejó sin efecto la práctica de suspender a los jueces sin disfrute de salario mientras enfrentaban investigaciones disciplinarias. También indicó que se prohibió intervenir sus comunicaciones telefónicas cuando las pesquisas fueran exclusivamente de carácter disciplinario, al considerar que esto vulnera la privacidad.
Explicó que, si en el curso de una investigación disciplinaria surgen indicios de una posible infracción penal, el expediente es enviado al Ministerio Público para que determine si existen elementos que permitan iniciar una acusación.
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Pese a las destituciones registradas, Molina aseguró que los casos de conductas inapropiadas o que ameritan sanciones representan menos del 1 % de los integrantes del Poder Judicial.
Molina apuesta por salidas alternativas para descongestionar los tribunales
El magistrado también planteó la necesidad de aumentar el uso de mecanismos alternativos y acuerdos entre las partes para resolver los procesos judiciales. Consideró que entre el 90 % y el 95 % de los casos deberían encontrar solución por esas vías, reservando los juicios de fondo para los asuntos que realmente ameriten llegar a esa etapa.
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A su juicio, llevar la mayoría de los conflictos hasta juicio contribuye a saturar los tribunales y favorece el uso excesivo de la prisión preventiva. Por ello, llamó a jueces, fiscales y defensores públicos a asumir los acuerdos como una herramienta habitual para resolver determinados casos y reducir el hacinamiento carcelario.
Molina también cuestionó que se realicen audiencias iniciales únicamente para solicitar documentos que podrían ser depositados desde el inicio del proceso. Citó como ejemplo la jurisdicción contencioso-administrativa, donde entiende que algunos litigios de naturaleza esencialmente documental podrían resolverse mediante expedientes escritos, sin reproducir necesariamente el modelo de un juicio oral.
